Rescatar a Pedro Juan de las garras del crimen organizado.

El Departamento de Estado norteamericano ha venido señalando a Pedro Juan Caballero como lugar de tránsito de la cocaína proveniente de Bolivia, Colombia y Perú hacia mercados de Europa y mismo Estados Unidos. Esa situación ha ido variando y el Amambay se ha convertido en lugar de producción de estupefacientes, tanto de marihuana como de cocaína. Paralelamente, la violencia que genera ese sucio negocio también ha ido en aumento, en forma de terribles enfrentamientos entre bandas rivales y hasta masacres con altos saldos de vidas humanas. La Policía Nacional no puede –o no quiere– impedir la carnicería, porque los agentes allí destinados están corrompidos hasta los tuétanos, tanto que hace dos años desaparecieron de la propia jefatura pedrojuanina 252 kilos de cocaína. El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez está golpeando a la mafia del narcotráfico en algunos puntos importantes, pero los afectados constituyen solo cabezas menores de la gigantesca hidra en que se ha convertido la actividad criminal en esa región. Está por verse si tiene el suficiente coraje para dar la estocada en el propio corazón del monstruo, con miras a devolver la tranquilidad a la zona.

Desde hace muchos años, el Departamento de Estado norteamericano ha venido señalando a Pedro Juan Caballero como lugar de tránsito de la cocaína proveniente de Bolivia, Colombia y Perú hacia los mercados de Europa y mismo los Estados Unidos. Esa situación ha ido variando y el Amambay se ha convertido en lugar de producción de estupefacientes, encontrándose allí tanto cultivos de marihuana como laboratorios para la preparación de la cocaína. Paralelamente, la violencia que genera ese sucio negocio también ha ido en aumento, en forma de terribles enfrentamientos entre bandas rivales y hasta masacres con altos saldos de vidas humanas.

Los últimos asesinatos vuelven a confirmar lo que la opinión pública ya sabe de sobra, es decir, que el noreste de la Región Oriental está infestado por grupos mafiosos que se disputan el territorio a sangre y fuego, sobre todo en Pedro Juan Caballero y en Capitán Bado. La Policía Nacional no puede –o no quiere– impedir tal carnicería, porque los agentes allí destinados están corrompidos hasta los tuétanos, tanto que hace dos años desaparecieron de la propia sede de su jefatura pedrojuanina nada menos que 252 kilos de cocaína. El autor del robo aún está prófugo, pero no así los concejales departamentales César Quevedo –liberal– y José María Bogado –colorado–, que habrían recogido de una avioneta la carga incautada en su momento.

Este último dato indica la influencia local de la narcopolítica, ya puesta de manifiesto en 2014 por la senatorial Comisión de Lucha contra el Narcotráfico al denunciar, fundada en datos de la Senad, que los colorados Rubén Sánchez (exdiputado suplente), Marcial Lezcano (exdiputado), Cirila Cubas de Villaalta (exparlasuriana), casualmente todos del Amambay, y Bernardo Villalba (exjuez en Pedro Juan Caballero, exdiputado, hoy senador

suplente), de Concepción, estaban ligados al narcotráfico. El exsenador y hoy diputado liberal Roberto Acevedo había acusado antes a su correligionario Pedro González (exgobernador) –fotografiado en 2006 en la estancia del capomafioso Jarvis Chimenes Pavão– de haber pedido en 2013 a la Policía Nacional la liberación de un detenido con 1.500 kilos de marihuana.

Con semejante “pedigree” de los mencionados legisladores, exlegisladores y autoridades del Amambay, no es de extrañar que su capital y otras localidades del departamento sufran los violentos embates del crimen organizado.

El propio Acevedo fue herido en 2010 en un atentado en el que falleció su chofer y cuya autoría atribuyó a la mafia, al igual que el cometido hace dos años contra una emisora de su propiedad, en represalia, según él, por las declaraciones difundidas tras el asesinato del conocido narcoempresario local Jorge Rafaat, presunto autor de la muerte de un hijo del viejo “padrino” Fahd Yamil . En el espectacular ataque contra quien aparecía como prestigioso “comerciante”, nacionalizado paraguayo, se empleó

incluso una ametralladora antiaérea montada en un vehículo, lo que sugiere que en Pedro Juan Caballero el crimen organizado puede tener arsenales para lanzar operativos de gran porte, sin que los organismos de

seguridad se den por enterados, en el mejor de los casos. Esa guerra llegó incluso a extenderse a Asunción, como lo demuestran los atentados mortales contra allegados al citado narcotraficante, acaecidos en octubre de 2017 y en enero de este año.

Si el crimen organizado dirime sus conflictos internos a balazos en las calles y a plena luz del día es porque confía en que sus sicarios quedarán impunes gracias a la influencia del dinero sucio. Esa influencia llega a los uniformados, a los fiscales y a los jueces, lo que no debe sorprender si la mafia se ha instalado en los Poderes del Estado, como admitió alguna vez el hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Frente a este terrible panorama, puede afirmarse que si no existe la necesaria voluntad política de las altas autoridades nacionales, no será nada fácil revertir una situación trágica, que ya es de larga data y que en los últimos tiempos no ha hecho más que agravarse, incluso al costo de numerosas vidas.

Ya en 1991 el periodista Santiago Leguizamón fue brutalmente asesinado en Pedro Juan Caballero, por haber denunciado las actividades del crimen organizado en ese lugar. Los autores morales y materiales de su asesinato nunca fueron identificados porque, a todas luces, estaban protegidos por las altas esferas. Más recientemente, también fue acribillado el periodista Pablo Medina, corresponsal de ABC Color en Curuguaty, localidad ubicada también en el noreste de nuestro país, zona dominada por el narcotráfico. Hay muchísimo poder y dinero en juego en el Amambay y regiones aledañas, por lo que no debe descartarse que en breve se produzca una guerra abierta, sin cuartel, entre las bandas mafiosas, con aun mayor saldo de muertos.

Como se ve, numerosas autoridades están salpicadas por su presunta participación en el narcotráfico o proteger ese horrendo negocio. Pedro Juan Caballero está asentada en una rica zona y cuenta con gente laboriosa, lo que, sin embargo, es ensombrecido por los criminales y sus repudiables actividades. El Gobierno del presidente Mario

Abdo Benítez está golpeando a la mafia del narcotráfico en algunos puntos importantes, pero los afectados constituyen solo cabezas menores de la gigantesca hidra en que se ha convertido la actividad criminal en la “Terraza del país” y sus alrededores. Está por verse si tiene el suficiente coraje –con la colaboración de sus funcionarios, como el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio– para dar la estocada en el propio corazón del monstruo, con miras a devolver la tranquilidad a la zona. Los paraguayos y las paraguayas tienen la esperanza de que aún se pueda evitar que el Paraguay caiga definitivamente en las garras del crimen organizado.