La EBY y la CGR acuerdan auditar gastos sociales
El contralor general, Enrique García, informó ayer que acordó con el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, someter a auditorías los fondos que la institución destina a los siempre cuestionados gastos sociales.
Tras una reunión que mantuvo ayer con el titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el contralor Enrique García manifestó que “fue una reunión satisfactoria”, en la búsqueda de la transparencia en cuanto al manejo de los fondos de la entidad binacional. Nicanor Duarte Frutos no realizó declaraciones a la prensa.
“Es el inicio de un relacionamiento institucional, que busca compatibilizar las funciones, prerrogativas y líneas de acción de la EBY con las competencias constitucionales del órgano auditor del Estado”, destacó el contralor.
Enrique García agregó que buscarán llegar a un “buen entendimiento institucional” entre una entidad que maneja intereses de dos Estados y el órgano de control de las cuentas públicas nacionales, que tiene un ordenamiento jurídico que lo respalda. “Entiendo que muy pronto tendremos otra reunión para que la información sea compartida y difundida en su caso”, dijo.
Preguntado sobre lo que puntualmente le planteó Duarte Frutos, el titular del ente de control respondió: “La convicción y decisión política, y la voluntad institucional de trabajar con la Contraloría, que es un órgano de Estado, creado por la Constitución Nacional”.
Entrega de documentos
Requerido si ya se fijó una fecha para la remisión de los documentos que serán auditados por la Contraloría General de la República, dijo que está pactada una nueva reunión antes de que finalice esta semana, en la que ya habrá un avance en cuanto a la entrega de los documentos que, en su momento, también fue solicitada por la CGR.
Admitió que continúa el debate sobre los alcances de la competencia de la CGR, que busca controlar a todas las instituciones del Estado, y que “no está dicha la última palabra”, debido a que son temas que tienen “alta sensibilidad” y que involucran intereses de dos Estados.
No obstante, destacó que en la decisión del actual director de la EBY ve “absoluta madurez y voluntad política”, y que representa un “elemento facilitador” de los objetivos (de control y transparencia) que de una u otra forma se tienen que cumplir.