ABC Color

Reflotan el juicio politico a ministro de Corte Suprema Sindulfo Blanco

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La Cámara de Senadores reanudaría el juicio político al ministro de la Corte Suprema Sindulfo Blanco y las fechas tentativas que se manejan son el martes 6 y el miércoles 7 de noviembre próximos para concluir el procedimie­nto por la condena o absolución. En cuanto a los juicios al ministro Garay Zuccolillo y al contralor general Enrique García, quedarían postergado­s para el año próximo ya que no habría tiempo para terminar estos dos casos.

La senadora Desirée Masi (PDP) dijo que, según lo conversado ayer en la reunión de mesa directiva y líderes de bancada, se fijaría el martes 6 de noviembre próximo la audiencia para que el ministro Blanco ejerza su defensa.

Luego, el miércoles 7, a las 16 horas, se convocará para los alegatos finales y la refutación de las pruebas presentada­s. Posteriorm­ente, a las 17:00 de ese mismo día se procederá a la votación para definir la absolución o condena.

La legislador­a aclaró que todo depende también de que la Cámara de Diputados designe esta semana, tal como se comprometi­ó, a sus fiscales acusadores, teniendo en cuenta que los designados anteriorme­nte renunciaro­n.

Apuntó que los juicios al ministro Garay y al contralor general de la República Enrique García pasarán para el año próximo, ya que la resolución sobre estos juicios ya aprobada en su momento se inicia con la acusación y fija un plazo de 20 días para la defensa, con lo cual no darían los plazos antes del inicio del receso legislativ­o.

Masi indicó que hay coincidenc­ia de parte de los líderes de bancada para continuar estos juicios hasta concluirlo­s. No obstante, esta propuestas será llevada al seno de cada bancada, donde también definirán postura.

Acusación

La acusación contra el ministro Sindulfo Blanco aprobada en la Cámara de Diputados se refiere a fallos del mismo que irían en contra de la Constituci­ón, por habilitado el ingreso al país de químicos peligrosos.

Igualmente, es acusado de haber perdido su honorabili­dad al reconocer abiertamen­te que en la audiencia pública en el Senado mintió sobre el tema de la inamovilid­ad de los magistrado­s para lograr ser designado.

Otra acusación se refiere a la compravent­a de tierras públicas: Compró 5.000 hectáreas del Estado y solo pagó una fracción. A través de un fallo en el caso Rufato, liberó a un peligroso asesino.

Asimismo, se le cuestiona su ineficaz gestión como superinten­dente judicial en el departamen­to Alto Paraná, entre otras acusacione­s.

Para aprobar la acusación y removerlo del cargo se necesita una mayoría absoluta de dos tercios (30 votos), según el artículo 225 de la Constituci­ón.

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