Peces gordos pretenden amedrentar a los fiscales.

La denuncia penal del recluido exsenador colorado Óscar González Daher –el primer legislador paraguayo echado de una Cámara por indigno– contra el agente fiscal René Fernández, porque habría filtrado a la prensa datos de la investigación y usado un informe de la Seprelad para imputarlo por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, se inscribe en una evidente campaña de amedrentamiento contra el Ministerio Público, en la que también intervienen, entre otros, los parlamentarios colorados Víctor Bogado y Ulises Quintana, ambos imputados por diversos delitos. Aparte de presentarse ante la opinión pública como pobres víctimas de una persecución injusta, estos caraduras buscan atemorizar a quienes tienen el deber de evitar la impunidad de los autores, cómplices o encubridores de hechos punibles de acción pública. La fuerte presión que ejercen estos impresentables debe ser resistida tanto por quien encabeza el Ministerio Público como por los directamente afectados. La fiscala general Sandra Quiñónez ya expresó su inquietud ante las mencionadas denuncias, y a este respaldo debe sumarse la ciudadanía, para que quienes están investigando a los peces gordos no se sientan solos.

La denuncia penal del recluido exsenador colorado Óscar González Daher –el primer legislador paraguayo echado de una Cámara por indigno– contra el agente fiscal René Fernández, porque habría filtrado a la prensa datos de la investigación y usado un informe de la Seprelad para imputarlo por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, se inscribe en una evidente campaña de amedrentamiento contra el Ministerio Público,

en la que también intervienen, entre otros, los parlamentarios colorados Víctor Bogado y Ulises Quintana.

El primero, imputado en la causa “Estafa, cobro indebido de honorarios y otros” hechos punibles, acusó sin nombrarlos al mismo agente fiscal y a su colega Liliana Alcaraz , en un escrito dirigido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, de haber cometido los delitos de lesión de confianza, producción y uso de documentos no auténticos y ¡persecución de inocentes!; el legislador altoparanaense, imputado como cómplice de tráfico de drogas y autor de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación criminal y lavado de dinero, denunció en nota enviada al titular de la Cámara Baja la violación de sus derechos procesales por las ¡“actuaciones chicaneras” del Ministerio Público!, y pidió que ese cuerpo recabe un informe al respecto a la fiscala general del Estado.

Aparte de presentarse ante la opinión pública como pobres víctimas de una persecución injusta, estos caraduras buscan atemorizar a quienes tienen el deber de evitar la impunidad de los autores, cómplices o encubridores de hechos punibles de acción pública.

Un agente fiscal tiene las mismas inmunidades que un miembro del Poder Judicial, lo que implica la previa intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) si fue denunciado ante la Justicia ordinaria por la comisión de un delito. En tal caso, el juez debe elevar los antecedentes a dicho órgano para que examine el mérito de la acusación y, eventualmente, lo ponga a su disposición. Si se dictó un auto de prisión o de apertura del juicio o hubiera presunciones graves de mal ejercicio de las funciones, el JEM debe suspender de oficio al agente fiscal y comunicar lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia para que esta aplique la suspensión con goce de sueldo o sin él, según la gravedad del hecho.

Se estará luego a las resultas del juicio penal. Se dirá que,

por de pronto, los agentes fiscales Fernández y Alcaraz cuentan con una suerte de reaseguro para no ser apartados de inmediato del cargo que desempeñan. Fueron confirmados en la causa abierta al clan liderado por el exsenador luqueño, aunque ya fue designada otra agente fiscal para que investigue las actuaciones del primero. Está por verse si ambos serán también objeto de una pesquisa fiscal debido a la denuncia del chicanero contumaz Víctor Bogado, cuyo juicio, por ese motivo, pudo ser abierto recién al cabo de cinco años.

La fuerte presión que ejercen estos dos impresentables debe ser resistida tanto por quien encabeza el Ministerio Público como por los directamente afectados. Hasta ahora, la Abog. Sandra Quiñónez está demostrando que no está dispuesta a ceder ante el chantaje y que los sospechados de corrupción pueden llegar a temer, por fin, que el Código Penal caiga tarde o temprano sobre ellos. El hecho de que también guarden prisión su antecesor Javier Díaz Verón yel diputado Quintana sugiere que algo está cambiando, para empezar, en el órgano que representa a la sociedad ante el Poder Judicial. Es elogiable, en particular, que a fines de septiembre la fiscala general del Estado le haya transmitido al titular del Jurado, Cristian Kriskovich, su inquietud ante las denuncias hechas contra varios agentes fiscales. Como bien dijo, solo se busca “amedrentarlos”, de modo que es el momento de que estos muestren el valor moral que deben tener para defender a la población de los facinerosos que ejercieron o ejercen la función pública. Ese respaldo, al que naturalmente debe sumarse el de la ciudadanía, tiene que servir para que quienes están actuando o vayan a actuar en las causas que involucren a los peces gordos de la corrupción tengan la seguridad de que no están solos.

Los agentes fiscales que hayan sido denunciados porque habrían perpetrado hechos punibles no solo pueden ser apartados de sus cargos y condenados en un juicio penal, sino también obligados a reparar el daño que pudieron haber causado. Es de recordar que en 2014 el senador Bogado exigió a su excolega Arnaldo Giuzzio un resarcimiento de 4.000 millones de guaraníes por el “daño moral” que le habría causado su intervención como agente fiscal en el caso del presunto desvío de 6.000 millones de guaraníes en Conatel. Esa es la amenaza que también pende sobre quienes tienen el coraje de enfrentar a los “políticos” poderosos.

Sin haber formulado una denuncia formal, uno de ellos –el diputado Quintana– se permitió proponer a sus colegas que se pida un informe al Ministerio Público sobre el caso en el que él está inmerso, ignorando que el art. 192 de la Constitución exceptúa explícitamente la actividad jurisdiccional de los asuntos sobre los que una Cámara puede solicitar informes. Su requerimiento –felizmente desoído por los pares, al menos hasta hoy– demuestra que los encausados de marras también podrían recurrir a mecanismos institucionales, por así llamarlos, para influir en el desarrollo de los acontecimientos y, en particular, para inducir al JEM a que imparta una dura lección a los agentes fiscales que toman su trabajo en serio.

Este diario ha venido criticando con dureza al Ministerio Público por someterse a los que mandan. Esta vez quiere alentarlo a que persevere en el camino emprendido por el bien de las personas decentes. El Paraguay debe depurarse gracias, entre otras cosas, a la valentía de sus miembros, de modo que por fin haya en nuestro país una Justicia que no se rinda a los políticos poderosos.