Fulminemos el secretismo
Una de las mentiras más grandes que creí –y que repetí como lorito sumergida en la más profunda ingenuidad e ignorancia– es que el Impuesto a la Renta Personal (IRP) iba a servir para que desaparecieran los prestanombres y/o testaferros. Aquella gente modesta que “presta” sus “nombres” para figurar como dueños de fortunas ajenas.
Blásida Monges tiene hoy día 58 años pero era más joven cuando trabajaba en la cafetería de Humaitá Turismo, fachada de Humaitá Cambios –posteriormente Cambios Amambay y luego Banco Amambay–. Doña Blásida nunca viajó a EE.UU. ni habla inglés, pero el colega Chiqui Ávalos describió con precisión en su libro de qué manera fueron puestos a su nombre millonarias cuentas en el National Central Bank de Nueva York en la época de evasión de divisas. De día trabajaba en la cafetería, de noche firmaba millonarios cheques. Las cuentas, atribuidas a Horacio Cartes, terminaron metiendo presa a la señora durante dos años mientras HC permaneció apenas unos meses. Quisimos entrevistarla y doña Blásida nos dijo que no, que dejaba todo en manos de Dios. Y no era tanto la divinidad... es que ella seguía trabajando en el Banco Amambay para el mismo patrón.
Miguel Ángel Carballo trabajaba en la Municipalidad de Asunción hasta que Víctor Bogado le permitió ganar un –prohibido por ley– segundo sueldo del Estado paraguayo trabajando en el Congreso. Don Miguel, un modesto emboscadeño que vive en una casita de Conavi y que era dueño de un taller mecánico (ya cerrado), figura como dueño de un shopping en Carmelitas, prestamista de 300.000 dólares y dueño de un inmueble en el Yacht.
La inmobiliaria Príncipe di Savoia de Óscar González Daher estaba a nombre de un exjuez que dice nunca haber recibido dividendos y de un modesto funcionario del Senado. Los amigos y socios Javier Zacarías Irún y Emilio “Tiky” Cubas Gusinky han usado el nombre del joven abogado Óscar Morel Salomón en la mayoría de unas empresas tras las cuales, en realidad, están inversores extranjeros que casi se quedaron con tierras públicas en CDE.
Nos mintieron BIEN grande. El IRP no terminó con los testaferros y hoy día sabemos que no todos
neceZItan pagarlo.
Lo que sí podría ser una GRAN AYUDA para fulminar el secretismo es aprobar la transparencia de las declaraciones juradas de nuestros funcionarios públicos. Necesitarían un MAJESTUOSO concurso de mentiras para resistir una inspección y control ciudadano.
Imaginemos lo desesperados que están por si esto se apruebe que los de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en un desquiciado intento por frenar la transparencia, interfirieron en la autonomía del SENADO opinando sobre un tema que NADIE les preguntó. Para peor, un tema en el cual ellos deben pronunciarse porque está en sus manos juzgar sobre el acceso a la información de las declaraciones juradas solicitado por el colega Juan Carlos Lezcano.
Estamos en el último trecho de una demanda ciudadana justa. Empujemos entre todos a estos inmorales, indignos y ladrones de la fe pública que no necesitan de prestanombres para revelarse como cómplices, protectores y encubridores del eterno bandidaje con el cual se enriquecieron.