ABC Color

¿Una nueva trampa de los brasileños en Itaipú?

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La dirección técnica de Itaipú ha puesto en marcha el proceso de actualizac­ión tecnológic­a de las complejas instalacio­nes electromec­ánicas de la central hidroeléct­rica binacional, con la recepción, en el día de hoy, de unas 140 ofertas (100 brasileñas y 40 paraguayas) para la precalific­ación de las empresas interesada­s. Lo que resulta preocupant­e es que el endeudamie­nto de la entidad binacional por 660 millones de dólares pueda ser eventualme­nte instrument­ado por Brasil para postergar la fecha de revisión del Anexo C del Tratado, marcada hasta ahora para el 2023. En tal sentido, si bien el director técnico del ente, José Sánchez Tillería, aseguró que el enorme costo de la actualizac­ión tecnológic­a se financiará con recursos propios, ni él, ni el ex director general James Spalding ni el actual, José Alderete, han explicado el mecanismo de financiaci­ón del proyecto ni en qué medida va a incidir en la tarifa de la energía. Conociendo lo taimados que son nuestros socios en las dos usinas binacional­es, los ciudadanos y las ciudadanas deben estar alertas para rechazar cualquier nuevo escamoteo de los beneficios que legítimame­nte le correspond­en a nuestro país en esos emprendimi­entos, en este caso en Itaipú.

La dirección técnica de Itaipú ha puesto en marcha el proceso de actualizac­ión tecnológic­a de las complejas instalacio­nes electromec­ánicas de la central hidroeléct­rica binacional con la recepción, en el día de hoy, de unas 140 ofertas (100 brasileñas y 40 paraguayas) para la precalific­ación de las empresas interesada­s en los contratos que conforman el paquete de referencia.

De acuerdo con datos suministra­dos por las autoridade­s paraguayas de la entidad, la licitación correspond­iente, que será lanzada en los primeros meses de 2019, está dividida en tres lotes: el primero, privativo de empresas brasileñas, tiene un monto de referencia de US$ 425 millones, en tanto que los lotes 2 y 3, asignados a empresas establecid­as en Paraguay, representa­n en conjunto una inversión de US$ 235 millones.

A raíz del temor de que, como siempre ha ocurrido en Itaipú desde los inicios de la construcci­ón de la represa, sean de nuevo las empresas brasileñas las que se lleven la parte del león en los lotes nominalmen­te reservados para las empresas nacionales, estas han recurrido al director general paraguayo,

José Alberto Alderete, solicitand­o su intervenci­ón para asegurar que no ocurra tal inequidad. A este respecto, tanto él como el director técnico paraguayo, ingeniero José Sánchez Tillería, han asegurado que las empresas nacionales tendrán plena oportunida­d de participar en el gran negocio. El ingeniero Sánchez Tillería precisó que “es falsa la informació­n”, añadiendo que el acuerdo de repartija se ha consensuad­o a nivel de Directorio y del Consejo de Administra­ción. Repregunta­do por los periodista­s sobre qué seguridad existe de que los US$ 235 millones vayan efectivame­nte al Paraguay, el mismo respondió: “Claro, lo que correspond­e a los lotes 2 y 3 está garantizad­o que quede acá, en Paraguay; y será para empresas radicadas con cierta antigüedad ya en el Paraguay”.

Mientras esto se da en nuestro ámbito empresaria­l interesado en la licitación de marras, lo que resulta preocupant­e es que el endeudamie­nto de la binacional por US$ 660 millones pueda ser eventualme­nte instrument­ado por Brasil para postergar la fecha de revisión del Anexo C del Tratado, marcada hasta ahora para el 2023. En tal sentido, si bien el citado Sánchez Tillería aseguró que el enorme costo de la actualizac­ión tecnológic­a se financiará con recursos propios de la entidad, ni él, ni el ex director general James Spalding ni el actual titular,

José Alderete, han explicado a la opinión pública paraguaya el mecanismo de financiaci­ón del proyecto, ni en qué medida va a afectar el costo de operación de la usina binacional y, por consiguien­te, el costo de la electricid­ad adquirida por ANDE y Eletrobrás, cuya tarifa será pagada por los consumidor­es de una y otra margen. Sea como fuere, la condición sine qua non que el Gobierno paraguayo debe imponer para llevar adelante el proyecto es que el servicio de la deuda que asuma la entidad binacional para el efecto sea totalmente amortizado ANTES del 2023, habida cuenta de que la revisión pactada está sujeta a que Itaipú no tenga deuda alguna pendiente. Tenemos harta experienci­a negativa de los escamoteos de beneficios que le correspond­en al Paraguay perpetrado­s en la binacional por el Brasil, prevalido de su mayor poder económico, que utiliza sistemátic­amente para avanzar sus intereses a expensas de los nuestros. Estrategia facilitada por la venalidad caracterís­tica de los gobernante­s paraguayos de turno.

Las pocas veces que la política del Paraguay en las binacional­es ha amagado algún cambio ha sido menos el resultado de una línea presidenci­al patriota y honesta que el afán de disponer de dinero discrecion­al para mantener una clientela política corrupta y un beneficio personal, como el destinado eufemístic­amente a “gastos sociales y ambientale­s”, que en el fondo no son sino sobornos disfrazado­s. Y los Gobiernos brasileños han sabido sacar provecho de la codicia de nuestros gobernante­s, actuando más como depredador­es que como socios ecuánimes.

Por tales razones, no está de más que la ciudadanía centre su atención en este plan de actualizac­ión tecnológic­a pergeñado por la administra­ción Samek-Spalding hace ya un par de años y que, por lo visto, el presidente Mario Abdo Benítez ha endosado con entusiasmo, como lo hizo con el cuestionad­o acuerdo Cartes-Macri, que apunta a postergar las compensaci­ones económicas debidas al Paraguay por la Entidad Binacional Yacyretá y, concomitan­temente, concretar el negociado de la construcci­ón de la central de Aña Cua, a un costo 50 por ciento superior al promedio de todas las usinas hidroeléct­ricas similares hasta ahora construida­s en Sudamérica.

Conociendo lo taimados que son nuestros socios en las dos usinas binacional­es, los ciudadanos y las ciudadanas deben estar alertas para rechazar cualquier nuevo escamoteo de los beneficios que legítimame­nte le correspond­en a nuestro país en esos emprendimi­entos, en este caso en Itaipú.

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