Intendentes imploran a los diputados impunidad
Más de 60 intendentes representantes de la Opaci “preocupados” pidieron ayer a los diputados respeto al “debido proceso” antes de aprobar un pedido de intervención municipal. Hablaron de transparencia y de no defender a corruptos, pero rechazaron ser audi
Por pedido de los mismos intendentes municipales, ayer se realizó una audiencia con miembros de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, instancia donde se vienen dilatando seis pedidos de intervención a las gestiones de intendentes cartistas y liberales.
La presidenta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) e intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, esposa del vicepresidente de la comisión, Tomás Rivas (imputado), hizo una férrea defensa a la gestión de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista), sospechada de cometer una malversación de G. 36.000 millones, al solicitar a los diputados que tengan en cuenta que un pedido debe contar con un dictamen previo de la Contraloría.
Sin embargo, obvió responder sobre la acción judicial que frena que se realice una auditoría de la Contraloría de la gestión de McLeod. Pidió a la comisión que les dé garantías y no provocar destituciones.
Fabio Arámbulo, representante legal de la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná, afirmó que la Comuna de CDE sufre una “persecución inmisericorde sin justificación porque ha sufrido todo tipo de atropellos judiciales en nombre de la democracia y transparencia”. Habló de una persecución política grave y pidió que el caso de CDE sea tomado con una atención muy especial.