Contraloría con trabas para auditar San Lorenzo, desde hace un año
El contralor general de la República, abogado José Enrique García, reiteró al Tribunal de Cuentas, segunda sala, el pedido de informes sobre si efectivamente obra en su poder documentación perteneciente a la Municipalidad de San Lorenzo y que evita audito
SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Desde junio de 2017, el ente contralor está tratando de realizar una auditoría especial en la Municipalidad, a cargo del intendente colorado cartista Albino Ferrer, que incluso había entablado una acción de inconstitucionalidad años atrás para eludir al organismo contralor.
El 6 de junio, la CGR le remitió una nota a Ferrer solicitando los documentos necesarios; sin embargo, este respondió que los mismos se encuentran en el Tribunal de Cuentas. En tanto, esta última institución no respondió el pedido de informes del ente contralor que data del 18 de setiembre último, para saber si están a su cargo los papeles de referencia, por lo que el 22 del corriente se volvió a reiterar un pedido de respuesta.
La Resolución 468 de la Contraloría dispuso la realización de un examen especial a la Municipalidad, local sobre el manejo integral de los residuos sólidos
urbanos. Asimismo, se refiere a la aplicación del artículo 5 de la Ley 3984/10 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales”, en cuanto a actividades de desarrollo sustentable, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
Además, la Contraloría, en caso de que el Tribunal tenga en su poder los documentos aludidos, pidió informes sobre cuáles son esos papeles y reclamó autorizar su acceso a los funcionarios designados. El ente contralor argumentó que constitucionalmente, también debe tener acceso a toda la documentación para el control respectivo.
La CGR en la primera nota enviada al Tribunal de Cuentas puso a su conocimiento que la propia Corte Suprema de Justicia, en su sitio web, se encargó de aclarar que ambas instituciones tienen atribuciones diferentes que no se superponen, ni colisionan entre sí: “El hecho de que la norma atacada sea declarada inconstitucional no incluye la competencia que la Constitución y la ley confieren a la Contraloría General de la República para realizar la auditoría a todas las reparticiones públicas de la República”.
Sigue diciendo la CGR que la Corte conforme a la jurisprudencia sostenida y coherente con los fallos recaídos con relación a las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley 2248/2003, queda suficientemente claro y fácilmente entendible que no existe impedimento alguno para que la Contraloría realice las auditorías que correspondan en todas las reparticiones públicas de la República, incluida la misma Corte Suprema de Justicia”.
Asimismo es importante señalar que la Contraloría, conforme al ordenamiento jurídico nacional, posee competencia de manera exclusiva para ejercer acción de control de la ejecución y de la liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones públicas.
El examen de sus cuentas, fondos, inventarios, disposición que se vuelve a repetir de idéntica manera en el artículo 9 inciso B de la Ley 276/94, “Orgánica funcional de la Contraloría General de la República”, además la Ley 1535/99, “Administración financiera del estado”, ratifica y confirma la competencia señalada.
El oficial del Tribunal de Cuentas, segunda sala, Juan Martínez, informó que remitieron la nota del ente contralor a la Fiscalía de Cuentas, para que contesten. Una vez que ello ocurra remitirán la misiva a la institución solicitante.