El hartazgo contra los Zacarías Irún está llegando al límite

El hecho de que una gran cantidad de pobladores de Ciudad del Este se haya puesto de pie para exigir, primero, la intervención de la escandalosa administración municipal a cargo de Sandra McLeod de

Zacarías, y luego la imputación fiscal de los miembros del clan colorado que ella integra, denunciados por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, entre otros, es una clara señal del hartazgo al que han llegado, al cabo de largos años, las víctimas de innumerables arbitrariedades y latrocinios hasta hoy impunes.

Es de esperar que, así como los luqueños lograron mediante una tenaz campaña que el jefe del clan local, el exsenador colorado Óscar González Daher, esté hoy imputado y guarde reclusión, también los esteños obtengan la satisfacción de sus justos reclamos: que los indiciados sean objeto de una exhaustiva investigación,

la que hoy intentan evitar con uñas y dientes.

La Cámara de Diputados y el Ministerio Público deben optar entre la Constitución, la ley y el interés general, por un lado, y la continuidad de un sistema oprobioso, por el

otro. Por de pronto, cabe instar a los manifestantes a que, a su vez, respeten los derechos de terceros y no se dejen provocar por los matones del grupo familiar liderado por un multimillonario senador, que nunca pagó el impuesto a la renta personal. Su autoritaria esposa ha tenido el descaro de tildar de “delincuentes” a quienes salen a las calles para expresar pacíficamente su indignación ante tanta podredumbre. Como en la mejor época de la dictadura, cuando el violento “garrotero” de la Chacarita Ramón Aquino, al frente de funcionarios de la Corposana, salía a reprimir a los manifestantes contra el régimen stronista, McLeod utiliza para esa tarea a funcionarios municipales, para agredir a quienes le cuestionan. Debería saber que “delincuentes” son aquellos que se valen de la función pública para enriquecerse y exhibir sus bienes mal habidos con toda impudicia.

Cuesta muchísimo creer que los salarios cobrados por el exintendente y hoy senador Javier Zacarías Irún, por su hermano Justo, exgobernador y hoy diputado, y por la

actual intendenta hayan sido las principales fuentes de financiamiento de los departamentos lujosos en el Brasil, del avión bimotor, de los varios inmuebles en zonas residenciales de Ciudad de Este, de las fiestas despampanantes, de los atuendos y de los relojes carísimos, de los reiterados viajes de placer a Europa y a otros lugares, o del estudio de un hijo mayor, provisto irregularmente de un pasaporte diplomático, en una costosa universidad de Inglaterra. Es presumible, más bien, que la fortuna acumulada por ellos haya sido el

resultado de múltiples negociados urdidos desde el poder

político. La consumación del último de ellos, en el que también intervino el hoy prófugo Darío Messer y que tuvo como objeto un hotel-casino a ser instalado en un inmueble de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en la capital esteña, resultó frustrada por la denuncia hecha por ciudadanos honestos de esa ciudad.

Esta experiencia alentadora enseña que es posible, pese a todo, impedir que los corruptos de tomo y lomo sigan haciendo de las suyas, siempre que la gente de bien controle sus maquinaciones, involucrándose en el manejo de la cosa pública. Al hacerlo con valentía se está defendiendo a sí misma. Por regla general, no se puede confiar a ciegas en quienes deberían vigilarlos desde algún cargo electivo, como el de legislador o concejal. Por eso mismo, es plausible que los ediles de Ciudad del Este hayan vuelto a pedir la intervención de la Municipalidad, razón de fondo por la cual la impresentable intendenta se permitió calificarles de “patoteros” y sugerirles que se “interioricen” y trabajen como “autoridades responsables”. Precisamente porque se ocuparon de examinar las cuentas es que tomaron una resolución atinada que los diputados deben atender sin

más dilaciones para que la desfachatez personificada no siga castigando a los esteños.

Lo que ocurrió primero en Luque y está ocurriendo en el Este se va extendiendo, felizmente, por todo el país. El abominable clan de los Núñez, dirigido por el diputado Basilio “Bachi” Núñez, está sintiendo la repulsa de los “ciudadanos organizados de Presidente Hayes contra la corrupción”. La semilla también está prendiendo en Concepción. Son algunos de los muchos lugares que han sufrido y sufren de las oscuras manipulaciones de clanes políticos o familiares que han capturado el poder local y se aferran a él, no para servir a sus conciudadanos, sino para llenarse los bolsillos.

Este irritante fenómeno, que convierte a una ciudad o

a todo un departamento en una suerte de feudo, en el que los señores locales confabulados someten a los siervos con limosnas o amenazas mientras acrecientan su fortuna y poder, es una expresión más del subdesarrollo social al que se debe poner fin. En 1989 se conquistó la democracia, pero muchos vicios heredados de la dictadura siguen lastrando el país, como este de los clanes familiares o políticos.

La ciudadanía está dando muestras elocuentes de que ya no está dispuesta a tolerar tanta inmundicia, de modo que las autoridades –de los tres Poderes del Estado– deben escuchar sus reclamos para limpiar el Paraguay de la roña que, amparada por el poder, se ha apropiado de sus recursos.