El espacio público y privado
SALAMANCA. No puedo saber si seiscientos millones de guaraníes es mucho o poco dinero para construir una iglesia y un espacio de multiuso. Lo que sí sé es que resulta inapropiado ir a pedir ese dinero, en carácter de donación, a la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es lo que ha hecho el Consejo Pastoral de la Compañía Santa Teresita de Caazapá. A propósito de ello, no voy a insistir en el carácter laico de nuestro Estado, tal como está consagrado en la Carta Magna, sino en la necesidad de que se entienda la diferencia que existe entre el espacio público y el espacio privado, entre la sociedad política y la sociedad civil. Hasta que no se logre dar este paso, no se podrá hablar de una democracia consolidada y en buen funcionamiento.
Hace tiempo vengo pensando en la necesidad de que se reglamente, a través de una ley, la prohibición de utilizar cualquier símbolo religioso o partidario en los espacios públicos. Se ve con frecuencia, en fotos publicadas por la prensa de los despachos de altas autoridades que tienen, a sus espaldas, la bandera nacional y al lado la bandera del partido al cual pertenecen. Todos tenemos el derecho de pertenecer al partido político que más no gusta –o a ninguno de todos si nos disgustan por igual–, pero desde el momento que ocupamos una función pública el compromiso es con toda la ciudadanía, no con quienes pertenecen a nuestro partido. Los espacios públicos son de todos los ciudadanos, de todas las religiones, de todos los partidos políticos.
En España, que es un país mayoritariamente –y devotamente– católico, los ministros juran su cargo en un acto solemne en presencia del Rey y de otras autoridades. Hasta hace algunos años ponían la mano sobre una biblia y ante un crucifijo puesto en la misma mesa. Después de un largo debate, se suprimió el símbolo religioso y la biblia fue sustituida por el texto de la Constitución. Incluso se puede cambiar la fórmula del “yo juro...” por la de “yo prometo...”. Para el caso da igual. En definitiva, por más biblia, crucifijo y juramento que haya, si el político es corrupto, es corrupto lo mismo.
¿Acaso en nuestro sistema los diputados y senadores no juran al asumir su cargo? Incluso el presidente de la República jura sobre una biblia pidiendo que “Dios y la patria” lo demanden si no lo cumple. ¿Dios o la patria le demandaron al anterior presidente? Y un legajo bien abultado tendrá en el cielo.
Meses atrás, se publicó en la prensa que el intendente César Carlos Haitter, de Salto del Guairá, del Partido Democrático Progresista, gastó en el 2017 más de mil millones de guaraníes en construir, ampliar y reparar iglesias de la zona. Cuando se le preguntó al respecto, dijo que ese dinero “es para la formación espiritual de los jóvenes en una zona fronteriza de alto riesgo” y que “lo volvería a hacer”. Agregó que “en Salto la Iglesia es la responsable de la formación espiritual de los jóvenes”. Nada que objetar. Dejemos que la Iglesia haga su trabajo y las autoridades el suyo. El “alto riesgo” no lo solucionará la Iglesia, que este no es su papel, sino las autoridades civiles.
Al contrario, la Iglesia tendría que comportarse con más dignidad. Cuando haga sus críticas desde el púlpito, como suele hacerlo, será difícil tomar tales denuncias en serio cuando sus miembros son los primeros en ir a pedir que les regalen dinero a instituciones públicas plagadas de corruptos.