Juicio en Argentina por la “ruta del dinero K”
El juicio por la llamada “ruta del dinero K (Kirchner)” comenzó ayer en Buenos Aires con el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, y otra veintena de imputados, por presunto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante los gobiernos kirchner
BUENOS AIRES (EFE). En la causa se investigan delitos de lavado de activos y encubrimiento por haber montado supuestamente entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
La audiencia comenzó en el Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires, en los juzgados federales de Retiro, y hasta allí fue trasladado Báez desde la cárcel de la localidad bonaerense de Ezeiza, en la que está en prisión preventiva desde abril de 2016.
El constructor escuchó a las autoridades judiciales junto a Martín, uno de sus cuatro hijos, todos imputados en el caso. El resto, Luciana, Leandro y Melina, aguardaban en filas posteriores.
Entre los procesados están también los financieros Leonardo Fariña –declarado imputado colaborador– y Federico Elaskar, el excontable de los Báez Daniel Pérez Gadin y su hijo Sebastián, y el abogado Jorge Chueco.
Se trata de uno de más relevantes expedientes en los que se investigan los negocios que Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) hicieron con empresarios de la obra pública, entre los que se encontraba Báez, colaborador del exmandatario desde que este era gobernador de la provincia de Santa Cruz (1991-2003).
La “ruta del dinero K” comenzó a investigarse en 2013, aunque el puntapié definitivo llegó en marzo de 2016 después de que un canal de televisión difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en una financiera.
Según la Justicia, el empresario –que de empleado bancario a inicios de la década de 1990 pasó a ser uno de los empresarios más poderosos del país de mano del kirchnerismo– fue el encargado de “brindar el entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.