Damnificados, negocio para políticos.

Se observa que los viejos, repetidos y agotadores efectos del fenómeno natural de las inundaciones de las zonas ribereñas del río Paraguay resultan cada vez más frecuentes. Antes, el río debía crecer hasta cierta cota relativamente elevada para generar la necesidad de mudanzas; ahora, cualquier aumento de nivel de las aguas es suficiente para provocar los éxodos. La conclusión obvia es que las personas van avanzando con sus viviendas hacia el río, y no a la inversa, como se quiere aparentar. Hace pocos días comenzó otro éxodo hacia las tierras altas, lo que equivale a decir a plazas y veredas. Los damnificados se trasladan con sus vehículos, sus electrodomésticos y demás enseres, y sus animales. No se cuestiona la asistencia pública a los compatriotas en dificultades, pero lo lamentable es que no se vislumbra proyecto concreto que busque una solución definitiva a esta situación que viene de épocas inmemoriales. Es que en estos operativos se maneja una cantidad demasiado grande de dinero público, con escaso control, lo que constituye un magnífico instrumento para conseguir clientela entre los damnificados. El negocio es muy atractivo así como está, pero el caso se está volviendo tan repetitivo para los vecindarios afectados, que así también se convierten en damnificados.

Se observa que los viejos, repetidos y agotadores efectos del fenómeno natural de las inundaciones de las zonas ribereñas del río Paraguay resultan cada vez más frecuentes. Antes, el río debía crecer hasta cierta cota relativamente elevada para generar la necesidad de mudanzas; ahora, cualquier aumento del nivel de las aguas es suficiente para provocar los éxodos. La conclusión obvia es que las personas van avanzando con sus viviendas hacia el río, y no a la inversa, como se quiere aparentar. Para peor, los mismos ediles, ávidos de clientela, facilitan el agravamiento de las situaciones al tomar medidas electoralistas y gravemente insensatas, como la de bajar la cota de ocupación permitida, algo que concejales perpetraron en 2015, aunque la ordenanza fue oportunamente vetada por el entonces intendente Arnaldo Samaniego.

Hace pocos días comenzó otro éxodo hacia las tierras altas, lo que equivale a decir a plazas y veredas. En solamente los dos primeros días de crecida hubo que mudar a unas 200 familias, erigiéndoseles apresuradamente alojamientos de emergencia en plazas, aceras y terrenos públicos. Hoy ya son 3.824 familias las evacuadas, según la Dirección de Riesgos de la Municipalidad, y 1.230 según el intendente Mario Ferreiro. Alguien miente. Los damnificados se trasladan con sus vehículos, sus electrodomésticos y demás enseres, con sus vacas, cerdos y gallinas, y hasta con sus mascotas, operativo que generalmente se realiza con fondos públicos. Algún tiempo después, se repetirá el proceso, pero a la inversa, cuando esta gente vuelva a su hábitat, por supuesto, gastándose otro montón de dinero de los contribuyentes.

No se cuestiona la asistencia pública a los compatriotas en dificultades, pero lo lamentable es que no se vislumbra proyecto concreto que busque una solución definitiva a esta situación que viene de épocas inmemoriales. El principal problema es que en estos operativos se maneja una cantidad demasiado grande de fondos públicos, con escaso control, lo que constituye un magnífico instrumento para conseguir clientela entre los damnificados por parte de autoridades del Gobierno central, de intendentes, de concejales y de gobernadores departamentales. No solo incluye repartija de dinero en efectivo, sino distribución de chapas, víveres, medicamentos y otros, que son los mecanismos habituales utilizados por los políticos para realizar su proselitismo y ganar adeptos, sin gastar un peso de sus bolsillos, aún en épocas no eleccionarias.

De acuerdo a datos ofrecidos hace un par de años por el concejal colorado asunceno Daniel Centurión, este movimiento de ir y venir de inundados ya hizo gastar a la Municipalidad de Asunción, en los últimos quince años, entre 300 y 350 millones de dólares, lo que da un promedio de más de 20 millones de dólares anuales, cantidad suficiente para impulsar algún proyecto de solución definitiva para estos compatriotas ribereños.

Pero el manejo de tan generosas sumas dificulta pensar en esa clase de iniciativas porque los políticos no van a “patear contra su propia olla”. Por eso, ninguna autoridad tiene la intención de dar una solución global al recurrente problema de los “damnificados” por las oscilaciones del nivel del río .El negocio es demasiado atractivo así como está, pero el caso se está volviendo ya tan repetido para los vecindarios afectados. Se destruyen plazas, veredas, se amontona suciedad, y en algunos casos los damnificados se adueñan de los lugares y ya no vuelven a sus viviendas ni aún después de bajar las aguas. En junio de este año, hace tan solo cuatro meses, un grupo de inundados de los bajos del Cabildo ocupó parte de una de las plazas ubicadas frente a ese emblemático edificio, entrando en competencia con indígenas que antes habían instalado sus carpas en ese mismo lugar. La mencionada plaza se convirtió en un sombrío campamento similar en todo al de los refugiados de esas crueles guerras civiles en países lejanos que aparecen en noticieros de prensa mundiales. De vez en cuando, alguna autoridad afirma que “hay que buscar soluciones permanentes”. Ahora mismo, el titular de la pomposamente denominada Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunción, Víctor Hugo Julio, nos vuelve a contar una novedad: “La falta de espacio es el problema principal en zonas como Chacarita y Tablada”, opinando que “a mediano plazo se debería trabajar” en la localización y establecimiento de un “refugio permanente”. Imaginamos que habrá querido decir un “asentamiento permanente”, porque refugio es apenas lo que se consigue hoy en espacios públicos (hay 74 actualmente), que, por cierto, nadie quiere compartir con esos visitantes porque los vecinos acaban siendo también damnificados, de muy diversas formas.

Este mal de mantener la pobreza y las urgencias sociales para continuar obteniendo de ellas los viejos conocidos réditos económicos y políticos, es solo una pieza del inmenso engranaje de inhumana corrupción que domina y gobierna nuestro país.

El presidente Mario Abdo Benítez visitó en estos días campamentos de damnificados, una acción políticamente bastante redituable. Además, firmó un “Acuerdo de cooperación conjunta” con el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela; el intendente Mario

Ferreiro y la directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Nury Montiel. Si bien el documento habla de un impreciso compromiso general de “impulsar las acciones, apremiar los procesos sociales, técnicos, jurídicos y administrativos para la ejecución de obras en los bañados de Asunción, a fin de dar solución a las familias de estas localidades que sufren las inundaciones”, es de desear que de allí surjan acciones reales que rescaten a los compatriotas de los bañados de su inhumana situación para que, también, dejen de ser carne de cañón para los políticos.