Contraloría afirma que se perdonaron multas a contratista de metrobús
Un avance de informe de la segunda auditoría realizada por la Contraloría General de la República, presentado ayer por su titular, José Enrique García, recalca los perjuicios económicos, sociales y de infraestructura que el proyecto metrobús ocasionó al Estado.
De acuerdo a lo expresado por el contralor, varias recomendaciones expresadas en la primera auditoría, presentada en agosto pasado, fueron ignoradas por la administración anterior del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezada por Ramón Jiménez Gaona, y adelantó que actualmente está en proceso una segunda investigación a pedido del ministro Arnoldo Wiens.
El informe habla de un millonario perjuicio al Estado, generado a raíz de aparentes procesos irregulares cuya denuncia ante la Fiscalía depende del MOPC.
“La primera auditoría ya señaló la no aplicación de una multa cercana a los G. 5.500 millones. Eso forma parte de una recomendación que está instalada como conclusión de esa auditoría, y el MOPC tiene la palabra y sobre todo el escenario”, indicó García.
Consultado acerca de las medidas que debe tomar la administración de Wiens, señaló: “Aunque ellos (el MOPC) están estudiando si va haber rescisión de contrato (con Mota Engil) acordada o no, nuestro punto hoy es, aún sin entrar en la nueva auditoría, que esos G. 5.500 millones deben ser imputados con cargo a la contratista”.
Avance de informe
El avance de la segunda auditoría, presentado ayer por el contralor en conferencia de prensa, resalta, entre las modificaciones objetadas, el aumento del monto de la oferta por parte de la contratista de los tramos 2 y 3 del metrobús, que inicialmente era de G. 300.000 millones y a través del convenio modificatorio aumentó a G. 403.000 millones.
El informe cuestiona que dicha modificación haya sido aprobada por la supervisión del MOPC, pese a la fiscalización había recomendado rechazarla.
En otro punto, la Contraloría habla de incumplimiento del cronograma en la entrega del diseño ejecutivo conforme a los términos de referencia del diseño. “Hubo atrasos en la entrega del diseño ejecutivo, lo que implica la multa, y que fue determinado por la fiscalización por un monto de G. 5.615.273.284”, dice el informe, y añade que esa multa no pudo ser ejecutada porque el MOPC “exoneró de cobro a la contratista Mota Engil”.
En otro punto, cita el incumplimientos de las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales, como tramos de calzada del metrobús que no alcanzaron los valores de resistencia característica a 28 días, la estación N° 23 (Mcal. Estigarribia e Ingavi) presenta averías en la estructura metálica portante derecho, falta de la capa final de rodadura, entre otros.
“Además, existe un pago demás por la diferencia de calidad observada cuyo monto equivalente corresponde a G. 83.114.173”, agrega el avance de auditoría. Además, señala trabajos no previstos en el diseño ejecutivo, como las obras de la zanja técnica.
Por otro lado, el contralor adelantó que en esta segunda auditoría se va a “revisar la situación de regularidad de los pagos efectuados en función del contrato firmado con la empresa Mota Engil”. Es decir, se analizará “ese monto de US$ 21 millones que el Estado erogó a favor de Mota con motivo de los anticipos que están indicados en el contrato y los montos que fueron pagados sobre la base de la certificación de las obras parcialmente ejecutadas”, afirmó.
Ayer también se recordó que en su momento Jiménez Gaona se opuso a que Contraloría audite las gestiones del MOPC y recurrió incluso a la Corte para impedirlo.