Tratan de nuevo plan de negociado
La Junta Municipal de San Bernardino trata hoy un pedido de reconsideración, presentado por el empresario Afara Salomón Carrasco, de la anulación del grosero contrato para la explotación de las playas Rotonda y Ciclovía. La asesoría jurídica emitió ambigu
SAN BERNARDINO, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). La sesión ordinaria de la Junta Municipal está marcada para las 18:00 y el pedido de reconsideración de la anulación del contrato para la explotación de las playas Rotonda y Ciclovía presentado por Afara Salomón Carrasco figura en el segundo punto del orden del día. La nota presentada por el empresario está plagada de amenazas de demandas judiciales para la Municipalidad de San Bernardino y para los ediles en forma personal, pero no especifica sustentos legales.
Luego del pedido de reconsideración, el asesor “ad honorem” de la Junta Municipal, Diego Fernández, emitió un ambiguo dictamen en el que no menciona ningún asidero legal, ni recomendaciones sustentadas en la leyes para el colegiado. Fernández admitió que fue muy presionado por un grupo de personas y algunos concejales para emitir un informe favorable a Salomón.
El abogado ni siquiera mencionó, por ejemplo, que el contrato jamás debió ser autorizado por la Junta Municipal porque no se cumplieron los procesos legales establecidos, como un llamado a licitación, un requerimiento ineludible según la Ley N° 1618/2000.
Llamativamente, el asesor jurídico remunerado de la Junta Municipal Arnaldo Sanabria no emitió dictamen alguno sobre el caso, ni siquiera cuando fue tratado en comisiones que corresponde a su área. Sanabria ni siquiera acude a las sesiones del deliberativo comunal, mientras que Fernández, que es director de Relaciones Internacionales
en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), explicó que tres concejales le pagan por sus servicios.
El grosero contrato fue firmado el 12 de julio por el intendente Luis Aguilar (PLRA) y Afara Salomón Carrasco. Luego de que el caso trascendiera por la prensa, la Junta Municipal, el 20 de octubre último emitió la Resolución N° 127/2018 por la cual retira la autorización y, en consecuencia, dispone la rescisión del contrato de asesoramiento, promoción y gestión suscrito por Aguilar y Afara Salomón Carrasco.
El presidente de la Junta Municipal, Wilfrido Villanueva (ANR), hoy con permiso, incluso dijo que aprobaron “sin leer” el “borrador del contrato” por recomendación del asesor jurídico.
Afara Salomón presentó a la Junta el pedido para reconsideración de la anulación. El 30 de octubre, en una caldeada sesión y presionados por una decena de integrantes de Pro SanBer y el mismo Afara Salomón, los concejales decidieron girar la solicitud a la Asesoría
Jurídica de la Junta que se expidió en tiempo récord.
Un “regalo”
El convenio establece que el empresario debe pagar G. 2.600 millones por la explotación durante cinco años de las playas públicas Ciclovía y Rotonda. De la suma mencionada, G. 500 millones deben ser en efectivo, G. 1.000 millones en inversiones en infraestructura física (no se especifican las obras) y G. 1.100 millones por la organización de eventos.
Uno de los puntos más llamativos del contrato es que el primer pago, de G. 250 millones, la empresa lo hará recién en abril de 2021 (un año después de que termine el periodo de gobierno de Luis Aguilar) y el saldo en dos cuotas de G. 125 millones pagaderos en 2022 y 2023, respectivamente.
Según nuestras fuentes, ocho concejales se ratificarían en la anulación del contrato, mientras que Baldomera Chaparro de Naumann (PLRA), Pedro Acosta (independiente) y Pedro Carballo (PLRA) votarían por la concreción del negociado.