Los diputados no deben dejarse engatusar por Sandra McLeod.

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías Irún, investigada por el Ministerio Público junto con su esposo, Javier Zacarías Irún, y su cuñado Justo, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, entre otros, tenía que comparecer hoy ante una comisión especial de la Cámara de Diputados para defenderse de las quince denuncias de irregularidades y de mal desempeño de sus funciones en las que se funda el pedido de intervención de la Municipalidad, resuelto el último 2 de octubre por la mayoría absoluta de los ediles de esa ciudad, pero la audiencia fue postergada para este jueves. La veracidad de las serias ilicitudes señaladas, que se resumen en la presunta malversación de 36.500 millones de guaraníes, debe ser investigada en el curso de una intervención que no dure más de noventa días, tal como manda el art. 165 de la Carta Magna. Es de esperar que la comisión especial no se deje engatusar por la sospechada de varios delitos, porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestiona su dinero.

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de

Zacarías Irún, investigada por el Ministerio Público junto con su esposo, Javier Zacarías Irún, y su cuñado Justo, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, entre otros, tenía que comparecer hoy ante una comisión especial de la Cámara de Diputados para defenderse de las quince denuncias de irregularidades y de mal desempeño de sus funciones en las que se funda el pedido de intervención de la Municipalidad, resuelto el último 2 de octubre por la mayoría absoluta de los ediles de esa ciudad, pero la audiencia fue postergada para este jueves.

La veracidad de las serias ilicitudes señaladas, que se resumen en la presunta malversación de 36.500 millones de

guaraníes, debe ser investigada en el curso de una intervención que no dure más de noventa días, tal como manda el art. 165 de la Carta Magna.

Debe subrayarse que el hecho de que los diputados dispongan esa medida el próximo 27 de noviembre, previo dictamen de la comisión especial, no implicará la destitución de la intendenta, sino la posibilidad de que se revisen las cuentas de la entidad intervenida. Sandra

McLeod solo podrá ser apartada del cargo por una mayoría absoluta de la Cámara si del informe del interventor o de la interventora resulta que, en efecto, se cometieron graves anomalías en la ejecución presupuestaria o en la administración de los bienes. O sea que, si la intendenta cree tener las manos limpias, más bien debería abrir las puertas de su administración para que se revisen los papeles ,ya que en tal caso sería absuelta de las duras acusaciones que pesan contra ella. Sin embargo, se ha venido oponiendo a la intervención con uñas y dientes, movilizando incluso a funcionarios municipales en horas de trabajo, alegando que es la pobre víctima de una “persecución política”, es decir, de la misma vileza en la que el clan de los Zacarías Irún ha incurrido durante los últimos diecisiete años en el Alto Paraná y en su capital.

Dado que “el ladrón juzga por su condición”, no debe sorprender que trate de embaucar a la ciudadanía y acaso a los propios diputados, intentando trasladar la cuestión al plano de una mezquina disputa, no tanto entre oficialistas y opositores como entre dos sectores del Partido Colorado. Lo que aquí está en juego no es la correlación de fuerzas entre “abdistas” y “cartistas”, sino el buen manejo del dinero público aportado por los contribuyentes de Ciudad del Este y por el Estado. La actitud de la intendenta hace suponer que hay mucha basura acumulada en la Municipalidad, que el acomodaticio Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, no pudo o no quiso sacar a luz.

La intervención de este órgano, que carece de los recursos humanos y materiales necesarios para auditar debidamente tan siquiera una pequeña administración

municipal, ha respondido a una exitosa acción de inconstitucionalidad promovida en 2003 por el entonces

intendente Javier Zacarías Irún, con el fin de excluir a la Contraloría General de la República del examen de sus cuentas. Esta solo ha realizado auditorías especiales, que no sirven para evaluar la gestión anual: la última data de 2013. Según reveló su titular Enrique García, la Corte Suprema de Justicia afirma que dicho organismo puede revisar las cuentas de la Municipalidad, pero ocurre que el Tribunal se

niega a entregarle los documentos, por no ser parte en la cuestión. Es como en la época de Stroessner: “La reunión se puede realizar, pero nadie puede entrar en el salón de actos”.

El art. 165, inc. 3, de la Constitución menciona un dictamen previo de la Contraloría como requisito para la intervención, cuya falta es un pretexto invocado por los diputados “cartistas” para rechazar el pedido de los concejales esteños. Así, ninguna de las Municipalidades que presentaron una acción de inconstitucionalidad similar podrá ser intervenida porque a priori le ataron las manos al instituto contralor, lo que resulta bastante absurdo. En el caso de Ciudad del Este, la solicitud de intervención fue hecha por la Junta Municipal, con lo que ya se cumplió con una de las tres causales previstas en la Ley Suprema, que son independientes entre sí. De esta manera, se puede prescindir del informe de la Contraloría para decidir esa medida. El tercer motivo para intervenir una Municipalidad es la “desintegración” de la Junta, que impida su funcionamiento. Es obvio que para ello tampoco se requeriría un previo dictamen de la Contraloría, lo que vuelve a demostrar que cualquiera de las causales referidas en el art. 165 basta para disponer la intervención.

En defensa de los McLeod-Zacarías Irún también se aduce un fallo de la Corte que en 1995 declaró inconstitucional la resolución de la Cámara de Diputados por la que se destituyó al entonces intendente de San Lorenzo,

Osvaldo Ferrás. En realidad, no se impugnó la falta de un dictamen de la Contraloría, sino que la Corte sostuvo que el afectado no pudo ejercer el derecho a la defensa, garantizado por el art. 17 de la Constitución. En consecuencia, se le dio a Ferrás la oportunidad de defenderse, siendo de nuevo removido del cargo por la Cámara Baja.

Sandra McLeod se defenderá el jueves ante la comisión especial, oponiéndose a la intervención, seguramente porque tiene mucho que ocultar, como la corruptela del estacionamiento tarifado en el microcentro: los pagantes nunca han recibido del funcionario municipal interviniente un comprobante de pago. Es de esperar que la comisión especial no se deje engatusar por la sospechada de varios delitos, porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestiona su dinero.