Impuesto a la exportación de soja: nuestro zombi favorito

La discusión del impuesto a la soja es un zombi (un muerto resucitado por un brujo para convertirlo en su esclavo). Es un tema muy sensible que suscita posturas políticas ideológicas poco conducentes a consensos objetivos. Para mal de todos, se presta además para la polarización de posturas, lo cual no es bueno –ni social ni económicamente–, ya que nos confronta innecesariamente entre paraguayos y no nos permite llegar al tipo de consenso que sirve para desarrollar un país. La tremenda expansión del modelo sojero ha sido positiva para el crecimiento económico y el desarrollo de una nueva plataforma productiva y de generación de divisas. Esta expansión, sin embargo, está teniendo un importante impacto ambiental cuyo costo no ha sido internalizado en el modelo. Esta expansión además ha sido polarizante desde el punto de vista social, ya que el modelo, a pesar de contribuir al crecimiento, no contribuye a disminuir las grandes desigualdades que aun hoy día caracterizan a nuestra sociedad. La concentración de la economía en este sector podría incluso considerarse peligrosa, ya que nos vuelve dependientes de un sector muy volátil. Es un hecho comprobable que el sector aporta poco al fisco con relación a lo que extrae de la tierra y con relación a su contribución al PIB. De esto antes solo hablábamos, ya sea a favor o en contra, pero no teníamos números precisos. Gracias al análisis de datos contenidos en el Marangatu, es comprobable que hoy el fisco subsidia al sector agroexportador, lo cual no es deseable. De seguro saldrán analistas a decir que son los que más aportan cuando se considera el aporte “indirecto”, etc., pero ahí entramos en una zona gris donde cualquier argumento puede ser válido como cuestionable. La realidad que conocemos en base a la información que se maneja es que el sector agro en sí aporta casi nada, y el sector agroexportador en particular está de hecho siendo subsidiado por el Estado, lo cual debe corregirse. Lo habíamos publicado en su momento desde Hacienda. Sin embargo, si bien el objetivo de mayor recaudación por la exportación de granos en estado natural es loable, el medio para lograr ese objetivo NO radica en medidas que carecen de sustento técnico, que son simplemente populistas y no son aplicables en la práctica. Un diagnóstico errado de los proyectistas puede conducir a un escenario aun peor, tornando al “remedio” peor que la enfermedad. Es simplemente una realidad que el impuesto será trasladado íntegramente al productor más débil. Esta medida reducirá la producción y exportación de granos en el mediano plazo, lo que se traduce en una recaudación menor a la estimada. Podemos esperar que, de aprobarse el planteamiento del Congreso, se propondrá inmediatamente la inconstitucionalidad de la norma, ya que esta puede ser considerada confiscatoria, pues la tasa de 15% o de 10% puede llegar a ser superior a la rentabilidad. Esta normativa tendrá el efecto de propiciar la evasión y el contrabando a través del desvío de exportaciones a Argentina o Brasil y una consecuente menor recaudación. A través del Consejo Técnico Económico Tributario dimos espacio a una discusión técnica para abordar la modernización del sistema impositivo, paso más que necesario para construir un sistema moderno y justo. Ahí volvimos a comprobar lo difícil que es abordar este diálogo tan necesario para nuestro país, pero, en el marco del respeto mutuo, logramos consensuar algunas conclusiones. Entre las conclusiones relevantes para este tema, el Consejo consideró importante concluir el proceso de armonización iniciado en el 2013 unificando el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS) con el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRAGRO), ajustando de esta manera las reglas de juego sin importar la actividad económica. Es decir, ya no más ventajas para el sector agro con relación a otros sectores productivos. Segundo, adoptar estándares internacionales relacionados a la residencia fiscal, establecimiento permanente, precios de transferencia e intercambio de información. Esto permitirá una mejor trazabilidad trasnacional de utilidades y por ende menos evasión impositiva. Por último, limitar deducciones de costos y gastos, a través de la utilización de medios fehacientes de pago y simplificar el tratamiento de la distribución de dividendos entre empresas y sus asociados. Cuando más simples y claras las reglas, existe menos espacio para evadir. Además de esto, una alternativa válida al impuesto a la exportación de soja sería un impuesto a la venta de soja. Esto sería distinto al IVA, más simple y más recaudador, y cuya aplicación permitiría quizás terminar con los problemas de devolución de créditos fiscales. Deberíamos aprovechar esta reaparición de nuestro zombi favorito para empezar a discutir la implementación de impuestos verdes, cuya aplicación requiere reformas institucionales más profundas. La aplicación de este tipo de tributos, que considera la degradación del medio ambiente, sería lo más pertinente para el sector agropecuario de manera a internalizar las externalidades. A diferencia de lo planteado por algunos sectores del Congreso, estas alternativas tendrían un impacto gradual y podrían generar mayor recaudación y equidad fiscal sin causar un shock a la economía. Ojalá los congresistas puedan tomar en cuenta las recomendaciones de este consejo y escuchen al “técnico experto en la materia”, que es el Ministerio de Hacienda.