El crimen organizado pudrió la Policía Nacional.

Los dramáticos audios de la asesinada abogada de conocidos narcotraficantes que han hecho de las suyas en nuestro país, Laura Casuso, llevados a conocimiento público por los medios de comunicación, han puesto de nuevo sobre el tapete la desbordante criminalidad que se enseñorea en localidades fronterizas con el Brasil, así como la manifiesta incapacidad de la Policía Nacional para hacer frente al crimen organizado transnacional. Más allá de lamentar el crimen de la abogada a manos de sicarios no identificados hasta ahora, lo más inquietante es la mención que ella hace de la complicidad de altos jefes de la Policía Nacional con el crimen organizado a cambio de sobornos. Es preocupante la marea delictiva en que está inmersa la institución policial. El presidente Mario Abdo Benítez debe atender esta grave situación, que en las encuestas siempre aparece como una de las primeras preocupaciones de la gente. Si la sociedad es atacada no solo por los delincuentes, sino también por integrantes de la Policía, puede resultar en un grave caos si las víctimas, finalmente, deciden tomar justicia por propias manos.

Los dramáticos audios de la asesinada abogada de conocidos narcotraficantes que han hecho de las suyas en nuestro país, Laura Casuso, llevados a conocimiento público por los medios de comunicación, han puesto de nuevo sobre el tapete la desbordante criminalidad que se enseñorea en localidades fronterizas con el Brasil, como Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Ypejhú, Salto del Guairá y Ciudad del Este, así como la manifiesta incapacidad de la Policía Nacional para hacer frente al crimen organizado transnacional, como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), comandados por capos delincuentes desde cárceles de Brasil.

Más allá de lamentar la trágica muerte de la abogada Casuso a manos de sicarios contratados por líderes criminales no identificados hasta ahora, lo más inquietante es la mención que ella hace de la complicidad de altos jefes de la Policía Nacional con el crimen organizado a cambio de sobornos. “Le lleva el dinero a Abel. Me dio nombre y apellido; me dijo Epi (Epifanio) Barreto, que es el de Inteligencia, habla directamente con Minotauro”, decía la asesinada en uno de sus últimos audios.

Inquirido al respecto, el presunto aludido, comisario general Abel Cañete, director general de Investigación Criminal de la Policía Nacional, derivó la pregunta al suboficial Epifanio Barreto, quien negó categóricamente lo afirmado por la abogada del narcotraficante extraditado al Brasil, Jarvis Chimenes Pavão: “Jamás hablé con Minotauro”, dijo con referencia a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Junior Minotauro, uno de los líderes narcotraficantes que actualmente pugnan por el control de la zona de Pedro Juan Caballero, tras la muerte del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani y el apresamiento de Pavão y Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, referentes del PCC en la frontera.

Por su parte, nuevos audios del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña revelan también el crudo involucramiento de otros policías en esa actividad delictiva.

Obviamente, la inquietud que conmueve a la opinión pública no implica que la gente crea espontáneamente lo que sostiene la infortunada abogada en los audios que se le atribuyen. Sin embargo, el poco edificante historial de la actuación de la Policía Nacional con relación al crimen organizado desde hace ya varios años es el catalizador de la preocupación ciudadana que se ha exacerbado con los graves atentados que se han sucedido en los últimos tiempos, no solo ya en la frontera sino en la propia Asunción.

Así, la memoria colectiva no ha olvidado el deleznable caso de Ibar Pérez Corradi, el “rey de la efedrina”, en su tiempo el criminal más buscado de Argentina, quien hasta mediados del 2015 vivía tranquilamente en nuestro país con identidad falsa, mediante cédula de identidad y pasaporte facilitados por una organización policial corrupta dedicada a ese menester. Pérez Corradi fue detenido tras aviso de las autoridades argentinas de su presencia en Ciudad del Este. No es que la Policía paraguaya no lo supiera, sino todo lo contrario: algunos de sus integrantes lo protegían, según informó luego, con nombres y apellidos, el detenido. Este fue condenado en estos días en su país a siete años de cárcel, mientras sus protectores paraguayos siguen campantemente en la fuerza policial.

La gente tampoco olvida el robo, desde la propia Jefatura de Policía de Pedro Juan Caballero, de 252 kilos de cocaína incautados y que involucró a dos concejales departamentales de Amambay a mediados de enero del 2015, depositados allí como prueba del delito. Este hecho derivó en la destitución de los más altos jefes policiales del departamento de Amambay: comisario general Sebastián Indalecio Talavera, comisarios Félix Augusto Benítez y Éver Toribio Molinas, entre otros.

Un caso resonante también fue el considerado “Robo del Siglo”, perpetrado en Ciudad del Este por medio centenar de facinerosos del PCC que atracaron la sede de la empresa transportadora de caudales Prosegur, alzándose con casi US$ 12 millones, sin que la Policía Nacional atinara a reaccionar, hasta el punto de que hasta una semana después no había logrado detener a ninguno de los delincuentes que permanecieron en el país, en tanto que la policía brasileña ya había abatido a tres de ellos, capturado a otros y recuperado el 10 por ciento del dinero robado.

Otro ejemplo de corrupción policial fue el escándalo protagonizado por el jefe y subjefe de la Comisaría 4ª Metropolitana, comisario Hugo Adalberto Ayala y subcomisario Hugo Marín, a mediados de abril del 2018, quienes fueron cesados en sus cargos tras comprobarse que estaban brindando protección al miembro del PCC Aparecido Almeida, alias Pisca. Finalmente, a principios de agosto del corriente año, fueron destituidos los jefes policiales del departamento de Canindeyú, comisario general Hermógenes García, comisario principal Pedro Lezcano y otros, acusados de recibir pagos mensuales de traficantes de marihuana por permitir que la droga llegara a la frontera para su posterior envío al Brasil.

Sucede que, sobre todo durante los últimos Gobiernos,

muchos jefes de la Policía Nacional decidieron hacer de la profesión un negocio personal. Ubicados en localidades fronterizas claves, como Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Ypejhú, Salto del Guairá y Ciudad del Este, optaron por hacer la vista gorda al narcotráfico y otros delitos a cambio de ser incluidos en la planilla de coimas de los forajidos. Así, adquieren compromisos con los narcotraficantes y contrabandistas de todo género y lo único que cuidan es que sus fechorías no trasciendan, por temor de perder sus lucrativos cargos.

Es preocupante la marea delictiva en que está inmersa la Policía Nacional. Mencionamos genéricamente a la institución porque si sus responsables –incluyendo al primero, el

ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor– no toman enérgicas medidas para enderezarla, apartando a las manzanas podridas y no simplemente cambiándoles de sede, a donde van con todos sus vicios, la criminalidad irá en aumento, junto con la zozobra ciudadana.

El presidente Mario Abdo Benítez, que está gastando valioso tiempo en viajes intrascendentes y frondosas comitivas, debe atender esta grave situación, que en las encuestas siempre aparece como una de las primeras preocupaciones de la gente. Si la sociedad es atacada no solo por los delincuentes, sino también por integrantes de la Policía,

puede resultar en un grave caos si las víctimas, finalmente, deciden tomar justicia por propias manos.