Tocada de oreja
Era frecuente que en la época del colegio, los grandulones y bravucones intentaran provocar a aquellos más indefensos.
Aquella forma de hostigamiento que hoy se denomina con el pomposo término de bullying, es tan antigua como la vida misma.
La manera preferida de hacerlo era tocarle insistentemente una de las orejas a la víctima de turno, mientras otros cómplices del acoso escolar se encargaban de echar leña al fuego con risas burlonas, intentando generar la reacción del ofendido.
En la lógica de los pendencieros, la tocada de oreja afectaba el honor de sus víctimas al humillarlas en público.
Pero en algunas ocasiones éstas reaccionaban, aceptaban el desafío a “moquete” y no pocas veces propinaron una buena tunda a los provocadores, para delirio de quienes asistían a estos combates pugilísticos clandestinos.
Ésta semana 57 diputados volvieron a tocarnos la oreja.
Los 57 aprobaron una ley de autoblindaje, que fue ya bien rebautizada como de autobandidaje. Ocurre que quienes siempre intentaron tener más y más injerencias en la justicia, repentinamente y en un toque de sospechosa bondad ceden con este proyecto su autoridad para juzgar a sus pares, al transferir la atribución a la Justicia Electoral.
“Están judicializando la política… delegando facultades que les son propias” coincidía con nosotros el exministro de la Corte José Altamirano en la 730AM.
Claramente una lavada de manos con la intención de dilatar procesos, ganar tiempo y especular con el olvido ciudadano.
El proyecto aprobado establece además la necesidad de una mayoría absoluta en cada cámara para iniciar el proceso, una mayoría calificada que está prohibida claramente por la Constitución Nacional, para casos que no estén expresamente mencionados en la propia Constitución.
La nueva ley surge para trabar la definición sobre el proceso de pérdida de investidura del liberal Carlos Portillo.
No porque amen a Portillo, sino porque saben que si el es echado, siguiendo los pasos de José María Ibáñez, el repudio ciudadano hará foco sobre otros impresentables de la cámara.
Allí está por ejemplo Éver Rivas, quien cometió el mismo delito que Ibáñez, usando indebidamente su influencia para contratar a varios empleados y cargarle los salarios al pueblo.
Está muy claro que aprovechándose de su condición de parlamentario, Portillo también ofreció utilizar indebidamente sus influencias para conseguir una sentencia judicial a cambio de 3 mil dólares.
Y está muy claro, que como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 201, Portillo debe perder su investidura por ese uso indebido de influencias.
Pero el corporativismo cómplice de la mayoría de sus pares está impidiendo aplicar el sentido común.
Con este nivel de complicidad y corrupción política, es fácil entender por qué grupos criminales brasileños como el Primer Comando da Capital o el Comando Vermelho van instalándose cada vez con más fuerza en el país.
Y por qué grupos criminales autóctonos, como el EPP o el EML, siguen causando zozobra.
Hasta que la víctima se canse de que le toquen las orejas.