Contraloría chicanea para ocultar las declaraciones
La propia Contraloría General de la República (CGR) entorpece el estudio de la inconstitucionalidad que planteó para no publicar la Declaración Jurada de Bienes de altas autoridades. El ente presentó la acción en julio y la Corte Suprema asegura que no entrega las copias para el traslado a la contraparte.
El contralor Enrique García sigue recurrieron a maniobras para frenar la publicidad de las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República. Luego de que dos sentencias judiciales obligaran a la entidad a hacer públicos los documentos, García presentó una acción de inconstitucionalidad el pasado 4 de julio para evitar cumplir con las decisiones judiciales.
La excusa de García fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que el contralor es el que traba el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia. Así lo revela un comunicado de prensa de la máxima instancia judicial.
Miryam Peña, presidenta de la Sala Constitucional de la Corte, aseguró a través del comunicado que si la causa está congelada es porque la Contraloría no entregó aún las copias para correr traslado a los abogados del periodista la contraparte, para que estos puedan responder los puntos planteados por el ente contralor.
“El 20 de agosto del 2018 ya se había dispuesto el traslado de la acción planteada, quedando dicho diligenciamiento a instancia de las partes conforme a las normas procesales”, señala el documento.
Además, puntualiza que tras las publicaciones de días atrás de nuestro diario, se reiteró a la Contraloría la necesidad de cumplir con sus obligaciones procesales.
“La sala ha dictado de oficio otra providencia, la de fecha 20 de noviembre de 2018, por la cual intima al accionante a presentar las copias para traslado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 107 del Código Procesal Penal, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere (en el plazo establecido) se tendrá por no presentada la acción de inconstitucionalidad”, dice.
El caso
El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el pasado 7 de junio la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme. El magistrado había hecho lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado para conocer las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.