Lapidario informe sobre salud y educación en Paraguay
El Banco Mundial (BM) dio a conocer al presidente de la República y a la ciudadanía un lapidario informe titulado “Invertir en capital humano: una revisión del gasto público y de la gestión de los sectores sociales”. Su lectura es recomendable tanto para las autoridades como para quienes desde la sociedad civil procuran elevar el nivel de vida de la población.
El documento llama la atención sobre asuntos de mucha mayor entidad que los de la politiquería cotidiana, ya que mueve a tomar conciencia de graves obstáculos para el desarrollo humano, pese al “importante crecimiento económico y a la mejora del bienestar durante los últimos 15 años”. No es ninguna novedad que esos obstáculos afecten la salud y la educación, pues el calamitoso estado de los respectivos sistemas es de sobra conocido. Con todo, los datos comparables con los de otros países, y los registros de los avances o retrocesos experimentados por el nuestro, brindan una percepción aún más clara de la problemática.
Es síntesis, la mayor inversión social no se habría reflejado en mejores resultados para el desarrollo humano. Los de la sanidad han sido “modestos”, aunque el gasto haya subido, entre 2008 y 2016, del 1,7% al 3,3% del PIB, tanto que el Paraguay sigue “por detrás del promedio en América Latina en resultados sanitarios como la mortalidad materna y la mortalidad infantil”, generando “preocupación acerca de la ineficacia del sistema y el aumento de la desigualdad en el acceso y la utilización de servicios”.
Entre otros problemas de la salud pública, el informe señala su fragmentación, que duplica las redes de servicio y causa una gran variación en el gasto per cápita, la atención primaria deficiente, la sobreutilización de los servicios de internación y la asignación desigual de recursos entre áreas geográficas. Por lo demás, también menciona la “subejecución aguda del presupuesto” en asistencia social y salud, aunque la atribuye más bien a que la recaudación fiscal es casi impredecible antes que a la pura ineficiencia ministerial.
En cuando a la educación, si bien la tasa de cobertura aumentó en todos los niveles entre 2003 y 2016, hay “brechas importantes” en el acceso según los ingresos, sobre todo en la educación media. El documento subraya la pésima calidad de la enseñanza: el Paraguay tiene los segundos peores resultados en matemática y lectura, comparado con países de la región con similares niveles de ingreso; 7 de cada 10 estudiantes no logran las competencias mínimas requeridas al terminar la enseñanza escolar básica. En suma, se logran “resultados en las pruebas estandarizadas regionales mucho más bajos de los que se esperarían para un país con ese nivel de gasto por alumno”. Según el informe del BM, más dinero público por estudiante no conlleva necesariamente una mayor eficiencia educativa.
La infraestructura educativa, como se sabe, es deplorable, pero, pese a que la mayoría de las instituciones “no cumple con los requerimientos mínimos” en tal sentido, las inversiones de capital son escasas, pues solo representan el 5,4% del gasto público en educación. El salario docente absorbía el 89% del gasto corriente en 2016. Las huelgas rutinarias de los docentes les beneficiaron bastante, ya que ese año su salario promedio por hora superaba en 18,6% al de otros profesionales, haciendo del Paraguay “el país que mayores incrementos salariales ha otorgado a sus docentes entre 2000 y 2016, a nivel de toda la región”, según reza el informe del BM. O sea que mejoraron los ingresos de los educadores pero no así los resultados de su enseñanza.
El enjundioso documento del organismo financiero internacional, que también propone medidas a corto, mediano y largo plazos para enfrentar las graves carencias, destaca que el Estado debe recaudar más para financiar las inversiones en capital humano, porque con su actual capacidad de generar ingresos no podría financiar bienes y servicios públicos al nivel requerido, sin incurrir en deuda. Desde luego, es deseable que se destinen más recursos, pero es dudoso, según se desprende del mismo documento, que los problemas se resuelvan simplemente inyectando más dinero en la salud y la educación públicas. Hay un problema de gestión, al que el Banco Mundial alude cuando sugiere que se desarrolle “un modelo de evaluación de rendimiento que estimule el desarrollo profesional”, pero el problema es también de corrupción, pura y dura. Por razones comprensibles, la palabra no aparece en el informe, ni siquiera cuando se ocupa de la gestión de las compras públicas para optimizar el gasto, como si las sobrefacturaciones no fueran usuales. No la empleó tampoco al mencionar la creación del Fonacide –donde el dinero se ha escurrido a raudales en el agujero negro de la corrupción– porque “no existe información actualizada que permita analizar su focalización o relevancia”. Es claro que tampoco pudo haber recogido las denuncias de presuntas malversaciones formuladas por los actuales ministros de Salud Pública y de Educación y Ciencias, con relación a las administraciones anteriores. Nada se dice tampoco de los gastos superfluos y del exceso de personal público, aunque sí se ilustra que el Paraguay tiene la mayor prima (incentivo) de salario del sector público en Latinoamérica y el Estado gasta en promedio, cada año, 1.024 dólares por funcionario asegurado, en comparación con el IPS que gasta 439 por asegurado.
O sea que, aparte de recaudar más, hay mucho que hacer en materia de ineficiencia, de corrupción y de privilegios del personal estatal. El problema está, así, en la honestidad y en la calidad del gasto público, como suele denunciarse.
En verdad, el informe no dice nada que no se sepa con relación a la salud y a la educación del Paraguay. El BM hace hincapié en que el país debe recaudar más, insinuando así que el drama es la falta de recursos en estos dos sectores. No sabemos si le corresponde hacerlo, pero hubiera sido deseable que aconsejara también que, al tiempo de aumentar los presupuestos, se controlen estrictamente su destino y la ejecución de los proyectos porque, hasta ahora, gran parte de esos recursos ha ido a engordar la burocracia y la fortuna de autoridades sinvergüenzas.