Empo cobró US$ 9 millones con certificados falsos, denuncian
Al menos dos años la empresa Empo cobró presentando certificados tributarios falsos a la Comuna, según denuncia que esta elevará hoy a la fiscalía. Cálculos hechos con base en datos municipales indican que se pagaron en esas condiciones unos US$ 9 millones.
La Municipalidad de Asunción pagó desde el 2016 al 2018 alrededor de 9 millones de dólares por el servicio de disposición final de basura a Empo Ltda., según cálculos con base en datos de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.
En este tiempo la empresa, que debe millones de guaraníes al Estado por impuestos (según datos de Tributación), presentó documentos de que supuestamente estaba al día, ya que ello constituía un requisito para el cobro. La Comuna no verificó la situación hasta después de publicaciones de nuestro diario al respecto.
Ayer representantes de la Comuna intentaron hacer una ampliación de la denuncia contra Empo Ltda., ya que se encontró que esta presentó 17 certificados de cumplimiento tributario falsos. Sin embargo, la empresa recusó al fiscal de la causa, Federico Leguizamón, lo que no permitió la entrega de las pruebas.
El director municipal de Asesoría Jurídica, Juan Ramírez Montalbetti, explicó que incluso las irregularidades se pudieron haber dado también en años anteriores. “Estamos pidiendo que sea la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) la que informe sobre lo que ha ocurrido”, indicó.
El fiscal Federico Leguizamón informó que fue recusado de la causa por el dueño de la empresa, Arivaldo Domingues Dequeiroz. “Yo debo contestar la recusación entre mañana y el viernes”, dijo.
Los dueños alegan que ya han realizado una denuncia contra su contadora responsabilizándola del hecho, por lo que piden que la causa sea tratada en conjunto por el mismo fiscal que ya los recibió, Rogelio Ortúzar.
La recusación se hizo un día después de que de oficio el fiscal Leguizamón pidiera informes a la Comuna.
Publicaciones de nuestro diario habían sacado a la luz la presentación de un documento falso por parte de la empresa, además de otras irregularidades. Tras ello, la Comuna presentó la denuncia y la Contraloría General de la República inició una investigación que terminó recomendando la rescisión del contrato. La Intendencia anunció su acuerdo y pasó el pedido al legislativo.