La corrupción es la causa de la horrenda situación carcelaria.
La sucesión constitucional de los Gobiernos no ha impedido que en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se cometan horribles crímenes o se viole la dignidad humana, por acción u omisión de las autoridades y de los funcionarios de turno. La rutinaria calamidad persiste porque el saturado presidio no es una isla que escape a la espantosa corrupción que azota al país desde hace largos años. Hace poco volvió a ser intervenida por 90 días, medida que en ocasiones anteriores nunca sirvió para poner fin a las iniquidades consuetudinarias. Las dramáticas características del penal de Tacumbú se repiten en las 18 cárceles del sistema penitenciario, que en marzo de este año contaba con 14.326 internos, siendo su capacidad de solo 9.511, según el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esta inhumana realidad no ha impedido que algunas autoridades lucraran con el dinero destinado a la atención de los reclusos. Se debe poner fin a esta horrenda situación, y una de las formas más efectivas será que las autoridades corruptas de estas instituciones y sus cómplices pasen a formar parte de la población penal.
La sucesión constitucional de los Gobiernos no ha impedido que en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se cometan horribles crímenes o se viole la dignidad humana, por acción u omisión de las autoridades y de los funcionarios de turno. La rutinaria calamidad persiste porque el saturado presidio no es una isla que escape a la espantosa corrupción que azota al país desde hace largos años. Hace poco volvió a ser intervenido por 90 días, medida que en ocasiones anteriores nunca sirvió para poner fin a las iniquidades consuetudinarias. La causa principal fue esta vez que su director Luis Villagra, hoy apartado del cargo, habría permitido el ingreso de chicas de entre 14 y 17 años con “supuestos fines de explotación sexual”; la secundaria, que la sala de odontología estaba de hecho a cargo de un homicida, que la había convertido en gimnasio
y local de bailes.
La primera aberración recuerda que el exdirector Julio
Acevedo fue condenado en 2014 por el delito de “omisión de evitar un resultado”, es decir que cuatro años antes un par de reclusos abusó sexualmente de varias menores tras chantajearlas desde el penal. La segunda irregularidad tiene que ver con que hay presidiarios vip, que gozan de irritantes privilegios a cambio de dinero, mientras la gran mayoría de los otros 3.500 deben sobrevivir en condiciones miserables, hacinados en unas instalaciones que solo pueden albergar a unos 1.600. Y conste que el art. 7° del Código de Ejecución Penal dispone que en las cárceles “prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos” ,en tanto que el 8° prohíbe toda forma de “discriminación por razones de sexo, raza, nacionalidad, lengua, condición social o filiación política del prevenido o condenado”.
El del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, que durante años dispuso de una “celda” a todo lujo, entre otras cosas porque pagó mejoras en la oficina del exdirector Luis
Barreto, fue un caso extremo de los beneficios que se pueden lograr en la mayor prisión del país mediante el dinero sucio. Entre ellos figuran, aparte de ciertas comodidades y del acceso a prostitutas, el consumo de alcohol y drogas ilícitas, así como la posesión de teléfonos móviles desde los que se pueden seguir cometiendo delitos a distancia. Los privilegios valen también, desde luego, para otras instalaciones. Habrá sido justamente por eso que el narcotraficante Marcelo Pinheiro (“Piloto”) asesinó en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional a una joven visitante, ya que prefería cumplir condena en el Paraguay, quizá una de veinticinco años de reclusión, antes que ser extraditado al Brasil. Con tal motivo, se dictaron nuevas reglas para los recluidos en ese cuartel, que no integra el sistema penitenciario ,yenelque se acaban de requisar en diversas “celdas” televisores plasma, heladeras y muebles finos, entre otras cosas. Allí también, entonces, había presos vip. Y conste que no revisaron la celda de los González Daher.
Las dramáticas características del penal de Tacumbú se repiten en las 18 cárceles del sistema penitenciario, que en
marzo de este año contaba con 14.326 internos, siendo su capacidad de solo 9.511. Así se lee en el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que califica la situación de “crítica”, tanto por la insuficiente infraestructura como por la violencia que sufren los reclusos. El 77% de la población carcelaria solo está en prisión preventiva, compartiendo el mismo espacio con los condenados, pese a que el art. 21 de la Constitución dice que “la reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para las que purguen condena”.
Por tal motivo, el diputado liberal llanista Édgar Ortiz presentó un proyecto de ley que modifica la Ley N° 210/70, ignorando que ella ya fue derogada en 2014 por el Código arriba citado, cuyo art. 5° dice: “Las medidas cautelares de carácter personal se cumplirán en establecimientos especiales y diferentes a los destinados para los condenados. Si ello no fuere posible, se habilitarán en los establecimientos existentes los lugares que sean necesarios para separar a los prevenidos y los condenados. Se aplicará un régimen diferente entre unos y otros, teniendo presente en todo momento el estado de presunción de inocencia de quien carece de condena. En ningún caso, compartirán alojamiento prevenidos y condenados”. Es de agradecer la buena intención del legislador, pero se le agradecería aún más que estuviera al tanto de la legislación vigente. Lo que pasa es que se la ignora porque los Poderes Ejecutivo y Legislativo tienen otras prioridades. Se alega que no hay presupuesto para mantenerlos separados ni para impedir que tantos presos deban dormir en los pasillos por falta de espacio.
Bajo el Gobierno anterior, la exministra de Justicia
Sheila Abed afirmó que el sistema penitenciario era un “polvorín” y que se precisaban 60 millones de dólares para reducir el hacinamiento. Su reemplazante, Carla Bacigalupo, elevó la suma a 155 millones de dólares y anunció la construcción de prisiones en Ciudad del Este, Villa Hayes y Emboscada. Poco o nada se ha hecho en tal sentido.
Esta inhumana situación no ha impedido que algunas autoridades lucraran con el dinero destinado a la atención de los internos. En 2013, el exministro de Justicia y Trabajo
Silvio Ferreira fue condenado a cinco años y medio de cárcel por sobrefacturación de carne y otros delitos. Ejerciendo la misma cartera, entre 2003 y 2006, el actual
senador colorado Juan Darío Monges habría proveído carne a las penitenciarías a través de un testaferro, según publicaciones de la época. Es decir, en el sistema penitenciario, donde imperan tanto la ley del más fuerte como la del más platudo, no solo se cometen vejámenes, se roba, se mata, se soborna o se practica la prostitución, sino que también se priva de comida a los reclusos mediante corruptelas administrativas. Se debe poner fin a esta horrenda situación, y una de las formas más efectivas será que las autoridades corruptas de esas instituciones y sus cómplices pasen a formar parte de la población penal.