En diciembre informarán de la licitación de Conatel denunciada como amañada
La oficina Anticorrupción concluirá el 22 de diciembre próximo su investigación de la licitación que llamó la Conatel para otorgar un subsidio de G. 18.700 millones. Según la denuncia, el pliego de bases y condiciones “viola la libre competencia”. Los rec
El 22 de diciembre venidero finalizará la investigación de la Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de la denuncia anónima según la cual la licitación que convocó el ente regulador para otorgar una subvención de G. 18.700 millones para solventar la ampliación del sistema 911 en cinco ciudades había sido sesgada para que una firma específica sea la adjudicada.
La información fue suministrada a nuestro diario por Domitila Brizuela, titular de la mencionada unidad, quien añadió que hay plazos legales que se deben respetar y que esta pesquisa es fiscalizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), institución que recibió la denuncia anónima.
En la denuncia se advierte que hubo una “alevosa orientación” del pliego de bases y condiciones para beneficiar la empresa TSV (Tecnología, Servicio y Vigilancia), representada Pablo Salinas por Bomfim.
La licitación del ente regulador es para la provisión de cámaras para reconocer rostros y chapas de vehículos. Son 173 cámaras que deberá instalar la empresa ganadora en cinco ciudades: Ciudad del Este (60), Encarnación (60), San Ignacio (30), Coronel Oviedo (15 y Caaguazú (8).
Ni bien la Senac recibió la denuncia el 6 de noviembre, Brizuela solicitó a la Gerencia de Planificación y Desarrollo del ente regulador la copia del pliego y del contrato 53/2017.
En el portal de la Conatel encontramos que el contrato 53/2017 está en curso y corresponde a otro subsidio de G. 18.000 millones otorgado en diciembre del año pasado a TSV para la expansión del sistema 911 de la Policía Nacional en Asunción y su área metropolitana.
Incluye la instalación de 100 cámaras que reconocen rostros y chapas de vehículos. El plazo del contrato es de 910 días (dos años y seis meses), pero la operatividad es de 180 días, seis meses contados desde la firma del contrato.
El ingeniero Martín Gómez, uno de los técnicos de la Conatel, en ausencia del coordinador del gabinete técnico, Ing. Víctor Martínez, explicó a nuestro diario que fue la gente de la Policía la que pidió la provisión de un tipo de tecnología especial. Argumentó que no se puede recurrir a sistemas híbridos, porque siempre existe el peligro de que no funcionen o funcionen mal, como ocurrió en casos anteriores.
La “eterna” proveedora de estos equipos para el sistema 911 fue Data Lab. Recién en 2014 ganó una licitación de G. 1.980 millones la firma Cáceres y Asociados para instalar 18 cámaras y central de monitoreo en Concepción. En 2017, la beneficiada fue TSV, cuyo contrato sigue en vigencia.