Denuncian a Essap por robo de agua
Fernando Melgarejo, directivo de la aguatera San Lorenzo, denunció ayer ante nuestro diario la inacción de la Fiscalía en el caso del robo de su producto por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap).
Hay una investigación abierta desde 2013, pero pese a los documentos que prueban la ilegalidad no hay imputados hasta ahora, señaló Melgarejo.
Mencionó la existencia de informes técnicos del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Ersan) y de la propia Essap que confirman la provisión de agua de río mezclada con agua de pozo. También comprobaron la conexión clandestina de Essap a su red, dijo.
Son diez años de robo continuo y descarado, lamentó el directivo. Acusó directamente a Osmar Sarubbi, expresidente del Erssan y de la Essap de apañar el robo.
Ayer consultamos a las autoridades de Essap sobre el caso pero no dieron su versión al respecto.
Marciano Fernández, propietario de un terreno en el barrio Itay, zona del Club Internacional de Tenis (CIT), evitó ser desalojado de su propiedad, un sitio que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intenta liberar para continuar con las obras de construcción de una laguna de mitigación, que forma parte del proyecto de la avenida Acceso Este o Laguna Grande, ya habilitada.
Agentes de la Policía Nacional se presentaron con una orden de desalojo, ante la cual Fernández respondió con documentos de su terreno. “Estoy en este lugar hace 40 años. Este inmueble mide 1.117 m y vale G. 1.939 millones, de acuerdo a mi tasador, pero el MOPC me ofrece solo G. 71 millones”, explicó el afectado.
Según mencionó, su abogada presentó a los agentes de la Policía los documentos del terreno y se comprobó que el número de cuenta catastral no coincide con el que cuenta el MOPC. “El número catastral que ellos (los del MOPC) presentan no es el de mi terreno, además tengo la escritura y todos los documentos para demostrarlo”, afirmó Fernández.
Al respecto consultamos con el viceministro de Obras Públicas, Ignacio Gómez, quien confirmó que el desalojo no se concretó y pidió que los detalles sean consultados a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC, pero no logramos contactar con el director, Miguel Marín, quien no atendió nuestras llamadas ni respondió nuestros mensajes de texto.
La laguna de mitigación se encuentra a cargo del consorcio Paso de Patria.