Irresponsables senadores quieren seguir exprimiendo a los contribuyentes.

Anticipándose a una reforma tributaria, que el próximo año generaría un aumento de los ingresos fiscales a costa de los contribuyentes de siempre, en el estudio del Presupuesto General el Senado cometió la irresponsabilidad de otorgar aumentos salariales a los docentes y a varios otros funcionarios estatales, así como de crear nuevos cargos superfluos y autorizar más contrataciones ilegales. Los generosos senadores, que sin distinción de banderías incrementaron los gastos rígidos en detrimento de las inversiones, prefirieron satisfacer las abusivas demandas de sus respectivas clientelas en perjuicio de quienes se ganan el pan trabajando, sin estar enchufados al Presupuesto nacional por ser amigos, parientes o correligionarios de quienes tienen la lapicera. Resulta irritante que los aumentos salariales impliquen reforzar privilegios, que el superpoblado aparato estatal siga creciendo y que, por lo demás, los insensatos senadores hayan repuesto a favor de los partidos políticos diez mil millones de guaraníes que los diputados destinaron a otros gastos. “Giraron en descubierto”, pues una parte de los aumentos previstos no tiene la imprescindible cobertura financiera.

Anticipándose a una reforma tributaria, que el próximo año generaría un aumento de los ingresos fiscales a costa de los contribuyentes de siempre, en el estudio del Presupuesto General el Senado cometió la irresponsabilidad de otorgar aumentos salariales a los docentes, a los jueces de Paz, a los funcionarios del Ministerio Público y al personal de blanco de las penitenciarías, así como de crear nuevos cargos superfluos y autorizar más contrataciones ilegales.

Los generosos senadores, que sin distinción de banderías incrementaron los gastos rígidos en detrimento de las inversiones, prefirieron satisfacer las abusivas demandas de sus respectivas clientelas en perjuicio de quienes se ganan el pan trabajando, sin estar enchufados al Presupuesto nacional por ser amigos, parientes o correligionarios de quienes tienen la lapicera. Ocurre que esos ciudadanos no pueden ir a la huelga ni juntarse ante el Congreso para exigir el condigno rechazo de las desvergonzadas exigencias de quienes deberían estar a su servicio. Los alumnos pueden perder horas de clase rutinariamente, los particulares y los abogados pueden tener vedado el acceso a una Fiscalía capitalina debido a un paro, o el consultorio odontológico de la cárcel de Tacumbú puede convertirse en un gimnasio: nada de eso impide –al contrario, parece favorecerlo– que los legisladores actúen como representantes de unos verdaderos privilegiados y no precisamente de quienes les pagan sus dietas.

¿Leyeron esos traidores al interés general el contundente informe presentado hace unos días por el Banco Mundial? Si lo hicieron, se habrán enterado de la pésima calidad de la enseñanza, pero también de que en 2016 el salario promedio por hora de los docentes superaba en 18,6% al de otros profesionales, debido a que el Paraguay es el país latinoamericano que mayores incrementos salariales concedió a los educadores entre 2000 y 2016. Como si todo esto fuera poco, los maestros gozarán el año próximo de un aumento del 16%. También se habrán enterado esos manirrotos con el dinero ajeno de que, en toda la región, nuestro país es el que tiene la mayor prima (incentivo) de salario del sector público y de que el Estado gasta cada año 1.024 dólares por funcionario asegurado, mientras que el IPS solo desembolsa 439.

De hecho, en los últimos años, las remuneraciones en el sector público han subido mucho más que en el privado, sin incluir, desde luego, los ingresos adicionales generados por la corrupción rampante, en forma de otros ingresos camuflados bajo diversos nombres. ¿Tendrá algún senador la desfachatez de sostener que allí se brinda un buen servicio con el personal estrictamente necesario? En otros términos, que los 298.627 cargos permanentes previstos para el año venidero, a los que deben agregarse los que ocupan unos 50.000 contratados,

sean exactamente los que se requieren para que la población siga siendo muy bien atendida. Si algún organismo necesita más funcionarios, hay muchísimos que podrían comisionar a los suyos, como el atestado Poder Legislativo, pero lo que importa es crear más cargos para que sean ocupados por nuevos ineptos y corruptos “recomendados”.

Resulta irritante que los aumentos salariares impliquen reforzar privilegios, que el superpoblado aparato estatal siga creciendo y que, por lo demás, los insensatos senadores hayan repuesto en favor de los partidos políticos diez mil millones de guaraníes que los diputados destinaron a otros gastos. La cuestión sube de punto cuando se observa que “giraron en descubierto”, pues una parte del aumento previsto para los docentes no cuenta con la imprescindible cobertura financiera. En efecto, faltan 180.000 millones de guaraníes para cubrir una parte del aumento salarial previsto para los docentes a partir de abril, con lo cual se viola el principio de equilibrio consagrado en el art. 6° de la Ley de Administración Financiera, según el cual “el monto del Presupuesto de gastos no podrá exceder el total del Presupuesto de ingresos y el de financiamiento”. Mayor irresponsabilidad de estos senadores, imposible. Total, que se las vea el Poder Ejecutivo.

Bien se sabe que, a sabiendas, los legisladores suelen contemplar recaudaciones fiscales ilusorias, pero hasta ahora no habían llegado al extremo de aprobar un Presupuesto en el que no esté previsto de dónde saldrá el dinero, atendiendo la actual legislación tributaria. Esta vez se apunta a una futura reforma impositiva, que recién será estudiada en marzo de 2019, pero el senador liberal Dionisio Amarilla, precisamente sospechado de enriquecimiento ilícito, asegura que la mejora salarial de los docentes solo “impactará” en 2020. Es un caradura.

Aparte de que las estimaciones de ingresos son siempre fantasiosas y de que se confía en una normativa hoy inexistente que permitiría elevarlos, debe subrayarse que los aumentos salariales dispuestos desaprensivamente, a los que se sumarán las erogaciones adicionales que conllevará la creación de cargos, constituyen gastos rígidos, de ejecución inexorable. Claro que los propios senadores saben bien que el fisco recaudará mucho menos de lo que ellos suponen sobre el papel que todo lo aguanta, pero la cuestión es darle una cobertura teórica al mayor gasto rígido, aunque, como se dijo, ni siquiera así será completa, según las normativas vigentes. Y entonces ocurrirá lo de siempre, es decir, que mediante su plan financiero el Ministerio de Hacienda irá recortando gastos de inversión con el contundente argumento de hecho de que no hay bastante dinero en caja. No lo habrá ni aunque se eche mano, como es de rigor, a los recursos de entidades autárquicas, como la ANDE y Petropar, privándoles de la posibilidad de realizar inversiones de capital para mejorar sus deficientes servicios. El próximo año deberán transferir al Ministerio de Hacienda, según lo aprobado, nada menos que 551.057 millones de guaraníes, lo que implicará un aumento del 84% con respecto a 2018. Pero ni siquiera mediante ese “robo” presupuestado para disimular el déficit fiscal resultante de la escasez de los ingresos genuinos provenientes de los tributos se podrán solventar los gastos adicionales antes referidos.

Nada de esto inquieta a quienes solo aspiran a mantener satisfechos a centenares de miles de zánganos, de ineptos y de corruptos, que explotan a sus conciudadanos con la complicidad necesaria de quienes deberían defenderlos.

El panorama es bien conocido: los contribuyentes de siempre deberán pagar más al solo efecto de alimentar al creciente personal público, sin ninguna contraprestación significativa. Deben reclamárselo a sus “representantes”.