La política del repudio
Tanto en el continente como en nuestro país, en los últimos años se ha expandido un fenómeno no muy frecuente: la política del repudio. Sucede que, cada vez más, no elegimos como autoridades a los mejores líderes sino que, por descarte, escogemos al que es menos rechazado por la gente.
Hace tres años, en Argentina la población votó por Mauricio Macri con el objetivo de que no continúe el kirchnerismo encarnado en Daniel Scioli, el títere de Cristina. En Brasil, hace pocos meses, la ciudadanía, en su mayoría, no tuvo más opción que votar por el derechista Jair Bolsonaro para evitar que triunfe el candidato del expresidente Lula.
A nivel local, en las últimas elecciones, muchísima gente votó por Abdo Benítez porque estaba molesta con la forma de gestión política del entonces presidente Horacio Cartes. El voto anticartista inclinó la balanza hacia Marito.
Formando parte de esta tendencia en la conciencia ciudadana, aparecieron los escraches y manifestaciones públicas de repudio a conocidas autoridades nacionales.
Hace apenas un par de años, a nadie se le ocurriría que podría ser procesada y enviada a la cárcel gente tan poderosa como el entonces senador Óscar González Daher y el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
Con una notable persistencia y conciencia cívica, actualmente la gente sale a las calles a manifestar su repudio a las autoridades corruptas y violadoras del sistema legal.
Debido a la fuerte presión de las manifestaciones públicas, en los últimos días tuvo que presentar su renuncia la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, cuya administración, al mismo tiempo, fue intervenida por el Congreso y el Poder Ejecutivo.
El poderoso y archimillonario clan Zacarías Irún está en proceso de descomposición y sus principales figuras podrían terminar en la cárcel, debido al repudio generalizado de sus propios compueblanos.
De un modo no previsto, pero auspicioso, se está consolidando en el país un nuevo poder político que anteriormente no existía: el repudio de la población a las autoridades corruptas, cuya renuncia o destitución es la meta popular.
Vale la pena resaltar este hecho porque la gente común está tomando conciencia de que tiene un poder real. Si
alguna autoridad nacional o regional se aficiona a los negociados para enriquecerse rápidamente a costillas del Estado, debe saber que es posible que la farra no le resulte gratis sin generar una reacción ciudadana que le podría costar el cargo y hasta instalar juicios penales en su contra.
El “clan ZI” se creía dueño de Ciudad del Este; los dos hermanos y sus consortes controlaban la gobernación, la intendencia y la representación parlamentaria del Alto Paraná, lo que les permitió recaudar fortunas incalculables. El repudio popular logró que las cabezas ZI enfrenten ahora procesos judiciales de grueso calibre y el camino a la prisión es una posibilidad real, aunque tarde un poco.
Saludamos y aplaudimos esta reacción popular e, incluso, esperamos que el movimiento se extienda porque aún hay muchas manchas asquerosas que deben ser removidas, como los intendentes de Concepción y de Francisco Caballero Álvarez, por ejemplo.