No más impuestos sin asegurar la calidad del gasto.

La lista de abusos que los políticos en posición de poder –directores de reparticiones, directores de entes, concejales municipales, departamentales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores– que aprovechan las debilidades de nuestros sistemas legal e institucional para obtener para ellos, o para sus amigos, contratos de trabajo o de obras, o ambos, parece no tener fin. Mientras tanto, las prestaciones en nuestro país –infraestructura, educación, salud, sanitación, justicia, seguridad, defensa, atención a la vejez– se cuentan entre las peores del mundo, afectando la calidad de vida de cada paraguayo que debe discurrir su existencia lidiando con maleducados, inútiles y prepotentes que quieren “mandar” y medrar en vez de servir. Esto es lo que explica la justificada resistencia de todos los sectores a aceptar nuevos impuestos, pues está confirmado por cifras que los anteriores aumentos impositivos, arrancados a los contribuyentes con la promesa de mejorar la calidad del gasto, mantuvieron todos los vicios existentes hasta esos momentos y empeoraron algunos. Por eso, sin que los políticos renuncien, mediante instrumentos legales claros, a regalar cargos y contratos públicos, ninguna suba de impuestos debe ser aceptada.

La lista de abusos que los políticos en posición de poder –directores de reparticiones, directores de entes, concejales municipales, departamentales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores– que aprovechan las debilidades de nuestros sistemas legal e institucional para obtener para ellos, o para sus amigos, contratos de trabajo o de obras, o ambos, parece no tener fin.

Las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) indican que nuestro país tiene apenas un nueve por ciento de su población económicamente activa trabajando en el sector público, lo que es un porcentaje bajo con relación a la generalidad de los países del mundo, desarrollados o no. Pero dichas estadísticas no reflejan el problema central del empleo y la contratación públicos en Paraguay, que se traducen en algunas aberraciones que se dan en nuestro país.

El Congreso entero de Estados Unidos, la primera potencia económica y militar del mundo, dos cámaras con un total de quinientos treinta y cinco diputados y senadores, tiene un total aproximado de veinticuatro mil empleados. Por su parte, la Junta Municipal de Asunción, la capital de una potencia que está al menos ciento veinte o ciento treinta lugares detrás de Estados Unidos, un colegiado con un total de veinticuatro miembros, tiene alrededor de mil trescientos empleados. Entonces, a cada legislador de la legislatura más poderosa del mundo corresponde un promedio de cuarenta y cuatro empleados. A cada concejal de la Junta de Asunción corresponde un promedio de cincuenta y cuatro empleados.

El Congreso de Estados Unidos cogobierna un país de trescientos veintiséis millones de personas con intereses en todo el planeta. La Junta de Asunción cogobierna una ciudad de quinientos mil habitantes con intereses en un área de no más de mil kilómetros cuadrados (área metropolitana).

Una de las conclusiones posibles es que el empleo público en Paraguay no se diseña de acuerdo a las situaciones que nuestro país requiere sino a las necesidades particulares de los políticos que dirigen el sector público.

Nuestro país necesita docentes, pero los políticos meten en el magisterio no a gente que haya ganado concursos de suficiencia para enseñar con solvencia sino a sus operadores y amigos, con los catastróficos resultados que están reflejados no solamente en el último informe del Banco Mundial sino en todos los estudios que se han realizado hasta la fecha de cualquier organización seria que los haya hecho.

Nuestro país necesita policías, pero los políticos meten a la fuerza no a gente con vocación examinada de proteger a la comunidad, sino a sinvergüenzas comprometidos a cuidarles sus chanchullos particulares, con el resultado de los casos de corrupción e implicación con el narcotráfico que cada día toman estado público desde todos los rincones de la geografía nacional.

Nuestro país necesita médicos y enfermeros, pero los políticos meten en los hospitales a punteros electorales con la consecuencia de una salud pública siempre bajo riesgo de epidemias, mala atención y mala praxis.

Nuestro país, en fin, necesita administradores públicos, pero los políticos meten en las oficinas a rateros encargados de obtener para ellos la coima que cobran por cada acto,

como se comprueba en los casos de los antiguos y nuevos procesados por corrupción, que son apenas la punta de un gigantesco iceberg de podredumbre.

Lo mismo ocurre con jueces, fiscales, actuarios, todos preparados para usar la mora judicial como negocio y la prisión preventiva como extorsión.

En síntesis, los políticos de todos los niveles obligan al pueblo paraguayo, que paga el impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo al consumo en cada compra que realiza, a solventar a un funcionariado absolutamente incompetente y absolutamente corrupto, y una gran parte de él absolutamente innecesaria. Todos los que pagan impuestos en Paraguay están obligados por los políticos a financiar, en realidad, sus gastos particulares y no servicios públicos decentes.

Estas prestaciones en nuestro país –infraestructura, educación, salud, sanitación, justicia, seguridad, defensa, atención a la vejez– se cuentan entre las peores del mundo, afectando la calidad de vida de cada paraguayo que debe discurrir su existencia lidiando con maleducados, inútiles y prepotentes que quieren “mandar” y medrar en vez de servir.

Esto es lo que explica la totalmente justificada resistencia de todos los sectores a aceptar nuevos impuestos, pues está confirmado por las cifras que los anteriores aumentos impositivos, arrancados a los contribuyentes con la promesa de mejorar la calidad del gasto, mantuvieron todos los vicios existentes hasta esos momentos y empeoraron algunos.

La reforma tributaria de Nicanor Duarte Frutos, que permitió más que cuadruplicar los ingresos públicos, no modificó uno solo de los problemas de asignación prebendaria del gasto, que también se multiplicaron en idéntica proporción. Los ajustes impositivos simplemente sirvieron para potenciar el gasto prebendario sin mejorar la calidad de ninguna prestación. Este es un hecho fácilmente comprobable con las estadísticas internacionales realizadas sobre nuestro país.

Los contribuyentes no tienen por qué pagar ni un guaraní derivado de sus esfuerzos para que los políticos regalen salarios y contratos públicos. Los impuestos no son una obligación divina, son un contrato que requiere contraprestaciones.

En consecuencia, sin que los políticos renuncien, mediante instrumentos legales claros, a regalar cargos y contratos públicos, ninguna suba de impuestos debe ser aceptada en ningún campo, en ningún sector, para ningún producto o actividad. Esos aumentos, hasta ahora, beneficiaron solo a los sinvergüenzas, por lo que los ciudadanos y las ciudadanas que trabajan deben demostrar su oposición a seguir sosteniendo a una casta privilegiada.