¿Le marcará también el EPP la “hoja de ruta” a Marito?

Representantes de gremios de la producción reclamaron en los últimos días al presidente Mario Abdo Benítez una lucha más firme contra los grupos armados que operan en las zonas rurales, entre ellos el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Precisamente, desde que asumió el Gobierno, hace cuatro meses, el mencionado grupo criminal ha realizado tres incursiones, una de ellas mortal y otra con grandes pérdidas materiales. El anterior presidente, Horacio Cartes, había señalado que “no nos van a marcar la hoja de ruta ni criminales ni grupos armados”, pero la actuación de su Gobierno ante el EPP fue un rotundo fracaso. El presidente Abdo Benítez también promete lucha frontal y afirma que hay voluntad política para el efecto, pero, ajeno a estas manifestaciones líricas, el EPP se está moviendo a sus anchas. Será un gran aporte a la ciudadanía norteña y nacional –y un valioso plus para su figura como político– si el Presidente consigue poner fuera de combate a esta sanguinaria banda, sin esperar que transcurran cinco años de su mandato.

Representantes de gremios de la producción reclamaron en los últimos días al presidente Mario Abdo Benítez (Marito) una lucha más firme contra los grupos armados que operan en las zonas rurales, entre ellos el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Precisamente, desde que asumió el nuevo Gobierno, hace cuatro meses, el mencionado grupo criminal ya le ha enviado tres claros “mensajes”. El 19 de noviembre, integrantes de la banda atacaron la estancia “El Ciervo”, en el departamento de San Pedro, donde asesinaron al brasileño Valdir de Campos; el 24 de noviembre, otro ataque fue perpetrado contra la estancia “La Suiza”, en el mencionado departamento, donde los ilegales realizaron disparos y dejaron panfletos; y el pasado 7 de diciembre, el ataque afectó esta vez a la Agroganadera Aguaray, igualmente en San Pedro, donde quemaron tres avionetas y valiosos implementos agrícolas. Llamó también poderosamente la atención que el Gobierno haya exhibido públicamente el video de la ejecución de Valdir de Campos por el EPP, haciendo pensar que fue obligado a hacerlo por algún extraño motivo.

No puede olvidarse que, al asumir al frente del Gobierno en 2013, el presidente Horacio Cartes manifestó que “no nos van a marcar la hoja de ruta ni criminales ni grupos armados”, en clara alusión al EPP, despertando esperanzas en la ciudadanía de que se combatiría en serio a esos forajidos que crean zozobra en una vasta y rica zona del norte del país. El resultado es por todos conocido: un rotundo fracaso.

En efecto, pese al costoso despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona, este comando operacional híbrido creado precisamente por Cartes por Decreto N° 103 del 24 de agosto de 2013, e integrado por unidades de combate de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y agentes civiles de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el EPP continuó accionando sin grandes contratiempos. Irónicamente, tras cinco años de ineficaz despliegue operacional en localidades de los departamentos de Concepción y San Pedro, su saldo de desempeño ha sido un desastre: 41 personas asesinadas (21 civiles, 9 policías y 11 militares), 8 secuestradas (Arlan Fick, Edelio Morínigo, Robert Natto y Erika Reiser, Abrahán Ferht, Franz Wiebe, Félix Urbieta, Franz Hiebert y Bernhard Blatz) y 68 golpes de mano vandálicos contra propiedades privadas e instalaciones públicas. Dos personas permanecen aún como rehenes: el policía Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta, sin la certeza de que estén vivos.

El presidente Abdo Benítez también promete acciones enérgicas contra los grupos criminales. “Vamos a seguir una lucha frontal, cuerpo a cuerpo, sin tregua y sin pausa. Tenemos cinco años y ojalá que en este tiempo podamos acabar con estos delincuentes comunes”, dijo tras el reciente asesinato del brasileño. En agosto pasado, el Jefe de Estado también renovó la recompensa de 1.000 millones de guaraníes a quien proporcione información que conduzca a la captura de integrantes del EPP, siendo 29 de ellos quienes tienen orden de captura. La recompensa está en vigencia desde el Gobierno de Fernando Lugo, sin que se conozca si se pagó alguna vez y el monto de la misma, secretismo que sirve para alimentar la creencia de que dicho rubro es uno de los que se manejan discrecionalmente en el seno de la FTC.

¿Qué es lo que hace tan poderosa a esta banda criminal que se cree no pasa de una treintena de integrantes, que no puede ser neutralizada por una fuerza muy superior, bien pertrechada y con buen apoyo logístico? El área de operaciones de ese grupo no puede compararse ni remotamente con las selvas colombianas, por ejemplo, donde actuaron por mucho tiempo los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son montañosas y de difícil acceso. El EPP se desplaza en un área limitada, en parte de montes raleados, y en ocasiones se los ha visto –grabaciones mediante– caminando tranquilamente en descampados y áreas de siembra.

“Pongo toda mi confianza en la Fuerza de Tarea Conjunta. Sé que hay hombres capaces, valientes, llenos de amor por nuestro país; con voluntad política vamos a recuperar la soberanía en el Norte y combatir frontalmente al EPP”,

expresó el Presidente cuando en abril pasado, antes de asumir el cargo, visitó a militares heridos en un enfrentamiento con el EPP (las negritas son nuestras).

Ajeno a estas manifestaciones líricas de buenas intenciones, y sobre todo a la afirmación de que existe la voluntad política de combatir a esos facinerosos –lo que no se vio durante Gobiernos anteriores–, el EPP se está moviendo a sus anchas, al punto de que en el corto tiempo del nuevo mandato constitucional ya ha realizado tres incursiones, una de ellas mortal y otra de grandes pérdidas materiales. Las acciones gubernamentales ya deben ir más allá de las manifestaciones de solidaridad con las familias afectadas –lo que debe valorarse–, y dar señales claras de que se está trabajando con seriedad para desactivar a la banda criminal y devolver la tranquilidad a la zona norte del país, donde ganaderos y otros productores, sin la amenaza de los bandidos, pueden convertirla en un verdadero emporio de riqueza.

Es prioritario que el presidente Abdo Benítez defina lo que va a hacer con la costosa FTC, si bien tras el reciente asesinato del brasileño repitió que “hay voluntad política de seguir fortaleciendo la capacidad operativa de la FTC y de la Policía Nacional”. Más que “capacidad operativa”, que aparentemente no le falta a esta fuerza conjunta, el déficit está en la estrategia de lucha que debe implementar para combatir a los ilegales en sus guaridas, en vez de reaccionar siempre tarde ante sus incursiones. Las crónicas invariablemente hablan de que “los efectivos de la FTC se están dirigiendo a la zona de ataque”, llegando tarde, por supuesto.

Será un gran aporte a la ciudadanía norteña y nacional –y un valioso plus para su figura como político– si el presidente Abdo Benítez consigue poner fuera de combate a esta sanguinaria banda, sin esperar que transcurran los cinco años de su mandato.