Conatel adjudicó a firma que no cumplía con PBC
Conatel adjudicó el llamado para proveer cámaras para el sistema 911 a TSV SRL, representada por Pablo Salinas, pese a que el directorio del ente sabía que la firma incumplía el pliego de bases y condiciones (PBC), según documentos.
La licitación de G. 18.700 millones del Fondo de Servicios Universales (FSU) de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que ahora está bajo investigación de su Oficina Anticorrupción, tenía que ser declarada desierta o ser adjudicada de forma parcial.
Es lo que se desprende del informe de la comisión evaluadora al que accedió nuestro diario. El documento dice que “con la propuesta de inclusión de un elemento externo, se estaría modificando el producto ofertado, con lo cual los programas 3 y 5 cumplirían con los requerimientos técnicos exigidos en el PBC”.
Los programas 3 y 5 del concurso corresponden a la provisión e instalación de cámaras que tienen la capacidad de identificar rostros y placas de vehículos. Son sesenta cámaras para la ciudad de Encarnación y 30 equipos para la de San Ignacio, por un valor cercano a G. 10.000 millones.
Los otros programas (1, 2 y 4) son para Ciudad del Este (60 cámaras), Coronel Oviedo (15) y Caaguazú (8 cámaras), por la suma de unos G. 9.000 millones, según la oferta de TSV SRL.
En el documento se deja constancia de que los ingenieros Ángel Gamarra y Cristhian Cantero advirtieron que “la conexión inalámbrica wifi debe ser algo integrado al equipo sin que la misma sea provista de forma externa”.
Aún con la consignación de incumplimiento del pliego de bases, el directorio del ente regulador prosiguió con la adjudicación. Inclusive, aún sin conocer el resultado de la investigación interna, el directorio presidido por Andrés Gubetich, presidente de la Conatel, remitió una nota a Pablo Salinas, representante de TSV, para informarle que se le adjudicó la licitación (Resolución del directorio N° 2315/2018).
A principios de noviembre la Oficina Anticorrupción de la Conatel había comenzado la investigación sobre la denuncia radicada ante la Secretaría Anticorrupción en relación al supuesto direccionamiento del pliego de bases de la licitación 2/2018 hacia la empresa TSV SRL.
La abogada Domitila Brizuela, responsable de la Oficina Anticorrupción, había dicho a nuestro diario que tenía plazo establecido por ley para entregar su informe. Dicho plazo se cumple el día
22 de diciembre.
Ante este escenario, la Conatel debió declarar desierta la licitación y convocar otra, o adjudicar solo los programas en los que la oferente de referencia cumplió los requerimientos
técnicos, según una fuente cercana a la institución.
La cuestionada oferente, Tecnología de Seguridad y Vigilancia (TSV SRL), ya había proveído tecnología (software, hardware y cámaras) a la Policía Nacional. Ayer intentamos hablar con los técnicos de la Conatel que conformaron la comisión, pero ninguno respondió. Tampoco lo hicieron el titular del ente regulador, Andrés Gubetich, ni el gerente de Planificación y Desarrollo, Diego Miranda.
Según versiones, la urgencia para concretar la adjudicación es para incluir en el presupuesto 2018.
Tres firmas se presentaron en esta licitación: TSV SRL, Digital Telecom SA y Cáceres Acosta y Asociados. Las dos últimas fueron excluidas por no presentar varias documentaciones en el acto de apertura de sobres.