Comunas violan ley y se endeudan para salarios
La Junta Municipal de Ayolas autorizó al intendente Carlos Duarte (ANR) que gestione un préstamo bancario de G. 1.272 millones para pagar salario y aguinaldo de funcionarios, así como dietas, y gastos de representación y bonificación de los ediles. La med
AYOLAS, departamento de Misiones (Miguel Angel Rodríguez, corresponsal). Por noveno año, la administración de la Municipalidad local recurre a un préstamo bancario a corto plazo para poder cubrir salario, bonificación y aguinaldo de unos 150 funcionarios, así como dietas y gastos de representación de los doce integrantes de la Junta Municipal. El monto aprobado por el órgano deliberativo es de G. 1.272 millones (G. 1.362 millones con los intereses).
La Municipalidad tiene un presupuesto de G. 10.103 millones para el ejercicio fiscal 2018. El argumento del intendente para solicitar la autorización para el endeudamiento es “escasa recaudación”. Según los datos hasta noviembre hubo 70% de ejecución de los presupuestado para este año.
El pedido del jefe comunal ingresó a la Junta Municipal el 10 de octubre último. El escrito señala que los recursos serán destinados para el financiamiento de los servicios de personales de la administración municipal.
Según los datos, la remuneración del intendente es de G. 10 millones mensuales, de cada concejal es de G. 2.500.000 entre dietas y gastos de representación, por lo que cobrarán en total G. 60 millones entre dietas y aguinaldo, mientras el jefe comunal G. 20 millones.
Por otro lado, los funcionarios aún no cobraron sus salarios de noviembre.
Recientemente, la Municipalidad llevó adelante una medida de fuerza para reclamar a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) el pago de poco más de G. 1.180 millones por servicio de limpieza que realiza el municipio a través de un convenio firmado entre las dos instituciones. Parte de lo cobrado fue para regularizar el pago de las tres cuotas atrasadas que se tenían con la entidad bancaria.
El presupuesto previsto para el 2019 es de poco más de G. 9.507 millones, G. 596 millones menos que el aprobado en el 2018.
Según documentos, la municipalidad planea incrementar sus ingresos en concepto de impuesto inmobiliario, patente de rodados y otros.
La Ley Orgánica Municipal 3966/10, en el artículo 197 “Crédito Público”, in- dica: “Se entenderá por ‘crédito público’ la capacidad que tiene la Municipalidad de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, atender casos de evidente necesidad o emergencia, reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”.
El pago de salario, aguinaldo, dietas, gastos de representación y bonificaciones se encuentra en el rubro de gastos corrientes. Por lo tanto, el intendente, con aval de la Junta Municipal, violó la normativa.