Ucetrama pide que Fiscalía actúe en caso de Línea 18
La Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama) y la Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar) anunciaron ayer en conferencia de prensa que exigen la imputación a los propietarios de los buses Línea 18 Rojo, que cerraron el tránsito el pasado viernes 14, en Mcal. López y Rca. Argentina, en hora pico, lo que derivó en un caos para el tránsito.
El presidente de la Ucetrama, Ignacio Cárdenas, señaló que con este acto, los manifestantes violaron la Constitución Nacional. “Exigimos que la Fiscalía actúe de inmediato, de no ser así, denunciaremos a la fiscal de la causa Claudia Morys ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, indicó.
Cárdenas denunció que se trata de personas morosas del Banco Nacional de Fomento (BNF), a quienes calificó de “inescrupulosas”, que a través de la violencia se apoderaron de empresas que no son suyas y de corredores ajenos, “violando sistemáticamente las exigencias obligatorias que rigen al sistema, como aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), cánones y construyendo una organización que hace de la ilegalidad un negocio”. Es una empresa cancelada, que no está en condiciones de ser regularizada, ha terminado la medida cautelar ilegítima que estaba usufructuando y debe ser intervenida, aseveró.
El titular del gremio del transporte dijo que la Fiscalía debió actuar de oficio. “Sabemos que el Viceministerio de Transporte solicitó la intervención de la Fiscalía, hecho que no se dio, por lo que nosotros decidimos tomar esta decisión”, indicó.
Cárdenas denunció además que los representantes de la Línea 18 ya protagonizaron varios actos de vandalismo contra sus colegas. “Son un grupo de personas que se hacen llamar originarios, pero existe una licitación definida ya hace 14 años y está siendo operada por la empresa Lince, que no puede trabajar por la persecución y violencia. Les rompen los parabrisas, les persiguen”, relató.
Choferes de la Línea 18 cerraron el pasado viernes las calles, exigiendo que el Viceministerio de Transporte autorice la liberación de seis unidades de la empresa que fueron retenidas y llevadas al “corralón” del Ministerio de Obras Públicas. Según los choferes, la retención de sus buses fue “sin causa legal justificada”, pues alegaron que estaban circulando con una medida cautelar. Sin embargo, esta medida, según los datos, ya no existe.