Servicio militar, ¿para instruir a los jóvenes o para recaudar?

Como lo hiciera hace cinco años, el ministro de Defensa, general (r) Bernardino Soto Estigarribia, ha vuelto a la carga con el anuncio de que a partir de enero se reimplantará el cumplimiento compulsivo del Servicio Militar Obligatorio, establecido en la Constitución. Como obligación constitucional no hay nada que discutir, pero sí pueden cuestionarse los tiempos y las formas en que se pretende imponerla. Tal como se está programando, se transmite la impresión de que el objetivo de la iniciativa no consiste precisamente en la instrucción militar de los jóvenes sino en recaudar una enorme suma con destino poco claro. El propio ministro de Defensa se encargó de aclarar que no existen sanciones para los infractores, y llamó a los afectados a “tener conciencia del cumplimiento de la ley a través del servicio o del pago de la tasa militar”. Nada más claro: pagando se puede eludir la obligación constitucional. Antes que apostar al retorno compulsivo de los jóvenes a los cuarteles se debe analizar con justicia y realismo la nueva situación planteada para actuar en consecuencia, y no generar un malestar social que no necesita nuestro país.

Como lo hiciera hace cinco años, el ministro de Defensa Nacional, general (r) Bernardino Soto Estigarribia , ha vuelto a la carga con el anuncio de que a partir de enero próximo se reimplantará el cumplimiento compulsivo del Servicio Militar Obligatorio (SMO), establecido en el art. 129 de la Constitución. Como obligación constitucional no hay nada que discutir, pero sí pueden cuestionarse los tiempos y las formas en que se pretende imponerla. Asimismo, tal como se está programando, se transmite la impresión de que el objetivo de la iniciativa no consiste precisamente en la instrucción militar de los jóvenes sino en recaudar una enorme suma de dinero con destino poco claro.

Según la nueva decisión institucional, desde el inicio del nuevo año, los ciudadanos paraguayos desde 18 hasta 26 años de edad deberán acudir a registrarse en los centros de reclutamiento y movilización establecidos en toda la República o, en su defecto, acudir a la Defensoría del Pueblo si tienen una objeción de conciencia, garantizada también por la Constitución, para cumplir con un servicio civil alternativo a ser establecido. Los objetores de conciencia que tampoco quieran prestar tal servicio deberán pagar una multa de G. 1.300.000 de una sola vez.

En declaraciones a radio “ABC Cardinal”, el director de Reclutamiento, Reserva y Movilización de las Fuerzas Armadas, general Humberto Segovia, formuló varias precisiones sobre lo que se pretende con la intempestiva reactivación del SMO. El mismo aclaró que la institución a su cargo no tiene previsto “arrear” a los jóvenes de la clase 2001 a quienes toca cumplir con tal servicio, como se hacía durante la dictadura de Alfredo Stroessner. De sus palabras se desprende también que todos aquellos que no sean de la promoción convocada en esta oportunidad o quienes no pueden prestar el servicio por motivos de trabajo, estudio o viaje, deben regularizar el pago de sus tasas militares en la Dirección General de Reclutamiento.

Entre otras precisiones que realizó el general Segovia figura que los ciudadanos obligados a cumplir con el SMO, pero que se encuadren dentro del grupo de “excedente” –trabajo, estudio o cualquier otro motivo–, pagarán anualmente, y por ocho años, el equivalente a dos jornales de 45.000 guaraníes (90.000 guaraníes) para tener derecho a recibir su libreta de baja.

En estas condiciones, lo que queda claro es que el SMO se convierte en un servicio opcional, entre ir a un cuartel o pagar la tasa correspondiente para no hacerlo, invocando cualquier pretexto, cuya veracidad resultará virtualmente imposible de verificar en la práctica.

El propio ministro de Defensa Nacional se encargó de aclarar que no existen sanciones para los infractores, y llamó a los afectados a “tener conciencia del cumplimiento de la ley a través del servicio o del pago de la tasa militar”. Nada más claro: pagando se puede eludir la obligación constitucional.

El general Soto Estigarribia también recordó que el “SMO está vigente y no es una ley de Marito”. Tiene toda

la razón, pero también es verdad que por mucho tiempo se lo dejó en el “freezer” por propia responsabilidad de las autoridades militares, y se lo quiere desempolvar de un plumazo, estableciendo sanciones con efecto retroactivo.

Como es de conocimiento público, desde el fin de la dictadura, los Gobiernos de la era democrática dejaron de controlar el cumplimiento de la ley del SMO, con lo que en la práctica se tornó más bien voluntario –sumado al creciente desinterés de parte de los jóvenes paraguayos en edad militar–, debido a que, por restricciones presupuestarias, las Fuerzas Armadas perdieron la dinámica de su estructura orgánica como centros de instrucción militar, por la desintegración de sus cuadros organizativos y equipos reglamentarios, que continuaron solo en el papel a los efectos presupuestarios.

Organizaciones no gubernamentales, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y partidos políticos, como el Partido Democrático Progresista (PDP), han reclamado, no necesariamente el incumplimiento de la ley del SMO, sino más bien la implementación del mismo por parte del Ministerio de Defensa Nacional mediante una ley que no solamente obligue a los objetores de conciencia que se nieguen a prestar un servicio civil alternativo a pagar una multa, sino también su efecto retroactivo. Vale decir, que el medio millón y más de paraguayos comprendidos actualmente entre las edades de 18 y 26 años que no han cumplido con el SMO, ni con el servicio civil alternativo, deberán pagar al Ministerio 1.300.000 guaraníes cada uno. ¡Una fantástica recaudación!

El verdadero problema que se presenta con la intención del Gobierno de revitalizar el SMO es que, así como están ahora las Fuerzas Armadas, no tienen estructura orgánica ni logística para proporcionar instrucción de combate a

los conscriptos que eventualmente acudan a los cuarteles para, al término de un año de servicio, formar parte de la “reserva instruida”, con la que deben contar las fuerzas armadas de un país serio. De modo que el objetivo fundamental del SMO quedará totalmente desnaturalizado.

Precisamente, una de las principales razones por las que los jóvenes paraguayos en edad militar rehúyen el servicio es que hace mucho tiempo los cuarteles dejaron de ser centros de formación militar de los conscriptos, para convertirse más bien en lugares de explotación de mano de

obra gratuita para menesteres cuarteleros sedentarios, que poco tienen que ver con la instrucción de combate que teóricamente constituye la finalidad del SMO en cualquier país. Allí se prestan servicios personales como los de ordenanzas, o hasta de trabajador doméstico en algunos casos.

Así, pues, antes que apostar al retorno compulsivo de los jóvenes a los cuarteles virtualmente desactivados, el Comandante en Jefe y su ministro de Defensa Nacional deben analizar con justicia y realismo la nueva situación para actuar en consecuencia, y no generar un malestar social que no necesita nuestro país.