Indagan a sospechosos de estafa
ENCARNACIÓN (José Miguel González, de nuestra redacción regional). Comenzó la etapa indagatoria por lesión de confianza y estafa a unos 125 trabajadores aglutinados en la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa (AFGI) “por un perjuicio que superaría los G. 800 millones”, según explicó ayer el abogado Rolando Monges.
La denuncia “contra personas innominadas” recayó en la Unidad Penal N° 2, cuya titular es Carmen Palazón. La fiscal llamó a indagatoria a varios exdirectivos de la AFGI que estarían detrás de la supuesta estafa. En principio se creyó que el perjuicio fue cercano a G. 500 millones. Tras ahondar la investigación, se descubrió que el monto superaría los G. 800 millones “cuyo destino se desconoce”, dijo Monges.
De 148 socios activos, 125 resultaron afectados al pagar créditos bancarios y compras en casas comerciales que eran descontados directamente de sus sueldos por exdirectivos de la AFGI pero el dinero nunca llegó a las entidades bancarias ni a las casas comerciales, por lo que seguían con deudas.
De acuerdo con datos aportados por socios afectados, el mayor desfalco ocurrió en 2017, durante la presidencia de Lucio César Romero, actual auxiliar administrativo de la Gobernación. El 87% del pasivo es atribuido a unos 10 asociados que recibieron préstamos de montos que por estatuto ni reglamento podían recibir.
En la asamblea extraordinaria realizada en noviembre último se dio a conocer el resultado de la auditoría externa. Sin dar nombres, se ventiló el caso de los diez asociados ligados a la excomisión directiva, a los que se les otorgaron créditos “sobrepasando los límites permitidos en el estatuto y reglamento” por la suma de G. 423.229.090.
A uno de ellos le consintieron sucesivos préstamos y dejó un pasivo de G. 111 millones. En la oportunidad el síndico Jorge Benítez demostró con algunos recibos que “el descalabro viene del 2014”.
“Fui beneficiada con una vivienda de Senavitat y no puedo recibir mi casa por estar en Informconf con una deuda de 5.500.000”, expresó una socia, “pese a pagar totalmente mi débito hace dos años”, se quejó.
Según algunos funcionarios antiguos –también estafados– “la malversación comenzó en tiempos en que Juan Afara era gobernador”.
Acusaron a la exviceministra de Salud de Cartes, también exdirectora de Salud del exvicepresidente y actual senador, “María Teresa Barán, y a su marido, exsecretario privado de Afara Javier Mangiafico, quienes sin ser socios de la AFGI fueron favorecidos con préstamos incobrables”.
Denunciaron que funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá derivados a la gobernación sin ser socios también recibieron préstamos que nunca devolvieron, así como otros que dejaron de ser empleados. “De allí –concluyeron– la estafa supera los G. 800 millones”.