Prórroga para caso de aduanero
La Cámara de Apelaciones, Cuarta Sala, integrada con los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias, hizo lugar a la prórroga extraordinaria solicitada por la fiscala Sussy Riquelme en la causa donde están procesados varios aduaneros, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El Tribunal de Alzada dispuso que el 2 de agosto de 2019 sea el nuevo plazo para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo (acusación o sobreseimiento).
La agente fiscal Riquelme, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, argumentó ante la Cámara para solicitar la prórroga que aún debía realizar varios actos investigativos, como solicitar informes al Banco Nacional de Fomento sobre los extractos de cuentas bancarias, acuerdos firmados ante escribanos públicos y otras 57 diligencias que debe practicar el Ministerio Público en el marco de su pesquisa penal.
Según los antecedentes, el pasado 1 de agosto de 2018 el Ministerio Público presentó imputación contra el jefe de resguardo de la Aduana de Encarnación Francisco Solano Pérez Fernández y su esposa Cynthia Raquel García Centurión, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación iniciada por nuestro diario señalaba que Cynthia Raquel trabajaba en una empresa automotriz y cobraba sueldo mínimo. Sin embargo, de manera llamativa compraba vehículos de lujo valorados en unos US$ 90.000.
De igual manera, en documentos de escribanía aparecen varias compras suyas por año, entregando US$ 10.000 en cada transacción y mínimas de US$ 1.500, 4 veces más que su ingreso mensual.
La mujer invirtió G. 100 millones en compra de acciones y hoy tiene su propia empresa de venta de vehículos.