Los ladrones públicos deben reparar los daños con sus bienes.
Un equipo auditor dirigido por el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República detectó que Petropar sufrió un daño patrimonial de más de 30.000 millones de guaraníes, bajo la gestión del anterior presidente Eddie Jara, entre 2016 y 2018. Lo más probable es que el grave perjuicio no haya resultado de una mera negligencia culposa, sino más bien parecería un contubernio entre amigos de lo ajeno instalados tanto en el sector privado como en el público. Cabe señalar que el art. 82 de la Ley N° 1535/99 obliga al personal estatal que menoscaba los fondos públicos a raíz de acciones u omisiones opuestas a sus deberes legales a indemnizar con su patrimonio el perjuicio ocasionado, con independencia de su responsabilidad penal. No se debe repetir la triste historia del “oparei” en que han concluido múltiples denuncias bien fundadas sobre la malversación de recursos públicos. No basta denunciar en forma rimbombante los supuestos faltantes, o reemplazar a una autoridad por otra. Es imprescindible que los delincuentes vayan a la cárcel y, además, que reparen los daños provocados.
Un equipo auditor dirigido por el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, detectó que Petropar sufrió un daño patrimonial de más de 30.000 millones de guaraníes, bajo la gestión del anterior presidente Eddie Jara, entre 2016 y 2018. Según el informe, fue causado mediante acciones u omisiones tales como entregar bienes en comodato sin garantías a quienes hoy niegan la validez de los respectivos contratos, seguir proveyendo de combustibles a una empresa en quiebra a cambio de cheques diferidos, o simplemente no cobrar las deudas, causando así su caducidad.
Ya a inicios de octubre último, la actual administración, presidida por Patricia Samudio, reveló que había deudas vencidas por un valor total de casi 24.000 millones de guaraníes, y que se habían amortizado otras con cheques diferidos y rechazados. Lo más probable es que el grave perjuicio infligido no haya resultado de una mera negligencia culposa, sino más bien parecería un
contubernio entre amigos de lo ajeno instalados tanto en el sector privado como en el público. Es de suponer que las ganancias ilícitas fueron compartidas según las “comisiones” vigentes en el mercado de la corrupción.
Competerá ahora al Ministerio Público perseguir a los responsables del saqueo, una vez que la Secretaría Nacional Anticorrupción formule la denuncia penal anunciada. Por de pronto, cabe lamentar que ni esta secretaría, ni la Auditoría Interna del Poder Ejecutivo ni la Contraloría General de la República se hayan ocupado antes de examinar el desempeño administrativo que condujo a semejante latrocinio. No habrán querido importunar a quien el expresidente Horacio Cartes puso en muy mala hora al frente de Petropar, de modo que hubo que esperar un cambio de Gobierno para que salieran a la luz los presuntos negociados en cuestión. Y se tuvo que crear para ello un equipo especial, lo que demuestra que los órganos de control regulares no han servido para impedir que unos presuntos facinerosos manejen la empresa pública a su antojo, en complicidad con sus socios “comerciales”.
Debe admitirse que Jara supo cubrirse políticamente las espaldas, hasta el punto de celebrar un insólito contrato
con la ANR en 2016 para instalar dos estaciones de servicio en predios de una seccional colorada de Fernando de la Mora, que no puede desempeñar una actividad comercial de esa naturaleza, pagando un alquiler mensual de tres millones de guaraníes y dándole el 10% de lo cobrado por la venta de cada litro de carburante. El ilegal convenio sigue vigente, aunque uno de los firmantes surja ahora como un vulgar sinvergüenza. Es de esperar que, en el caso que nos ocupa, el Ministerio Público agote cuanto antes la debida investigación y promueva las sanciones legales correspondientes. Debe entenderse que no basta con que quienes resulten autores, cómplices y encubridores del robo cometido terminen entre rejas.
También es necesario que reparen el daño causado , de lo que debe ocuparse en su oportunidad la Procuraduría General de la República. Desde ya, vale recordar que el art. 82 de la Ley Nº 1535/99 obliga al personal estatal que menoscaba los fondos públicos a raíz de acciones u omisiones opuestas a sus deberes legales a indemnizar con su patrimonio el perjuicio ocasionado, con independencia de su responsabilidad penal. Pero antes, desde luego, será ineludible que los agentes fiscales intervinientes actúen con probidad y diligencia para que la opinión pública siga creyendo que, en cierta medida, se está actuando con mayor rigor contra quienes se valen de la función pública para beneficiarse a sí mismos a costa de la generalidad.
No se debe repetir la triste historia del “oparei” en que han concluido múltiples denuncias bien fundadas sobre la malversación de recursos públicos, como los del Fonacide. En este latrocinio generalizado, hasta la fecha ni un solo intendente, gobernador o concejal ha sufrido condena alguna.
No debe haber impunidad para nadie, ni siquiera para aquellas autoridades y políticos que han cambiado de carpa hacia el actual oficialismo colorado en su afán de salvarse. Decir esto parece una obviedad, pero no lo es tanto en un país en donde los que mandan y sus allegados tienen razones de hecho para creer que están por encima de las leyes. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no debe estar a las órdenes del presidente de la República, sino actuar incluso de oficio, como es su deber, ante cualquier atentado cometido contra el erario, sin que para ello tenga que esperar un dictamen de la Contraloría. La institución que dirige solo está obligada ante la sociedad, a la que representa ante los órganos jurisdiccionales. La prensa denuncia aquellas infamias de las que llega a enterarse, pero deben ser los propios órganos de control constitucionales y legales los primeros interesados en identificar las fuentes de corrupción para el condigno castigo de los involucrados.
Los actuales ministros de Salud Pública y de Educación,
Julio Mazzoleni y Eduardo Petta, respectivamente, también han denunciado, poco después de asumir el cargo, graves irregularidades cometidas bajo las anteriores administraciones. Es imperioso que estos casos también sean investigados debidamente y aclarados, para que los responsables sean sometidos a la Justicia.
Vale repetir una vez más: no basta con denunciar en forma rimbombante los supuestos faltantes, o reemplazar a una autoridad por otra, sino que es imprescindible, en defensa también de la moralidad pública, que los delincuentes vayan a la cárcel y, además, reparen el daño provocado. Si no se procede así, con cada nuevo Gobierno que asuma seguiremos teniendo noticias de descomunales robos, mientras sigue aumentando la cantidad de funcionarios y políticos que engordan sus arcas con dinero malhabido.