ABC Color

Comisión Interameri­cana es sesgada, dice Villamayor

La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) actúa en forma parcialist­a, sesgada y solo analiza desde una óptica la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí, procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, en noviembre de 2001. Así

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Villamayor dijo en Palacio de López que Arrom y Martí tienen cuentas pendientes con la justicia y el Gobierno pide su extradició­n, previa cancelació­n del refugio en el Brasil. Sobre la posible condena de la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos (Corte IDH), a sugerencia de la CIDH –ambos organismos de la OEA– señaló que no debe esperarse el peor escenario y ver qué decide el organismo. Indicó que a su criterio es ilógico el proceso que se llevó ante la CIDH. “Es ilógico, toma aspectos parciales y no se pueden utilizar los procedimie­ntos con fórmulas sesgadas que pretenden analizar todo desde una óptica y bloquear la visión de la otra”, expresó.

Si bien por los antecedent­es de la Corte IDH, la condena al Estado paraguayo sería inminente en el caso de Arrom y Martí, porque tienen la tendencia de favorecer a los denunciant­es y en contra de un Estado.

El procurador general de la República, Sergio Coscia, el 28 de diciembre último, tras reunirse con el canciller Luis Castiglion­i, entre otras autoridade­s, en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, alertó que es casi un hecho que la Corte IDH condene al Paraguay a pagar 63 millones de dólares a los “delincuent­es Juan Arrom y Anuncio Martí”, quienes viven desde el 2003 en Brasil con estatus de refugiados políticos.

¿De dónde surge tan exagerada cifra de dinero? El procurador habría deducido de la cantidad solicitada como resarcimie­nto por los abogados de Arrom y Martí y que ronda los 63 millones de dólares.

Ayer intentamos consultar el tema con el procurador Coscia, pero el mismo no atendió nuestras llamadas telefónica­s, ni respondió a la pregunta que le remitimos por WhatsApp.

Condenas anteriores

El Paraguay lamentable­mente tiene varias condenas de la Corte IDH en casos de graves violacione­s de Derechos Humanos, pero nunca fue obligado a pagar tan abultada cantidad de dinero.

En el 2004, la Corte IDH sentenció al Estado por tratos infrahuman­os a niños en la cárcel de menores de Panchito López, de Itauguá, donde se registraro­n varios incendios y muertes de menores. Uno de los puntos de la condena fue que el Estado debía establecer políticas públicas integrales en materia de menores en conflictos con la ley.

En el 2005 la Corte condenó al Estado devolver 10.700 hectáreas de tierra en el Chaco a las comunidade­s indígenas Xákmok Kásek, Yakye Axa y Sawhoyamax­a, además de asegurar servicios públicos y alimentos a los nativos.

En el 2009 hubo una solución amistosa en el caso de la desaparici­ón en el Chaco de dos adolescent­es que estaban cumpliendo el servicio militar obligatori­o. Las familias recibieron un resarcimie­nto de unos 25.000 dólares cada una, además un pedido de disculpa pública del Estado y promesa de castigo a los responsabl­es de la desaparici­ón.

También cuestiona

El ahora excancille­r Eladio Loizaga, quien se desempeñó en el gobierno del presidente Horacio Cartes, también cuestionó ayer el parcialism­o con que estarían actuando la Comisión y la Corte Interameri­cana.

Indicó inclusive que estos hechos hacen que algunos países quieran abrirse de esos organismos.

También dijo que no hay seguridad en el monto con que se condenaría al Paraguay y destacó que durante su gestión se hizo seguimient­o a este caso.

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Castiglion­i, canciller, dijo días atrás que no se pagarán U$S 63 millones a Arrom y Martí.

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