Esperan revocatoria de los refugios otorgados
El vicecanciller Hugo Saguier Caballero, en una entrevista concedida ayer a Radio ABC Cardinal 730 AM, adelantó que las conversaciones con el Brasil están muy avanzadas para revocar el refugio de los prófugos de la justicia paraguaya Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí.
“En este momento hay conversaciones previas y se tiene que formalizar por la vía diplomática, cosa que se hará en los próximos días”, aseguró el vicecanciller.
“Esperamos que la respuesta sea favorable, pero esto depende de una institución en el Brasil que es similar a la que existe en Paraguay y que es la que otorga o no el refugio y que es independiente al Ejecutivo. El Ejecutivo la integra, pero también está constituido por representantes de la sociedad civil, el Ministerio de Justicia, la Cancillería, etcétera, y se llama Conare, que es el que le otorgó en su momento la categoría de refugiados a estos dos delincuentes”, apuntó el vicecanciller Saguier Caballero.
Sobre las posibilidades que existen para que se revoque el estatus que tienen los dos paraguayos, el vicecanciller dijo que tiene muchas esperanzas que se dé esa salida.
“Antes que nada, soy siempre optimista y quiero pensar lo mejor y creo quedó plenamente demostrado que la decisión anterior de otorgarle el carácter de refugiado a estas personas estuvo enmarcada en el sesgo político de las personas que lo hicieron en ese entonces y que ese sesgo político afortunadamente ya no existe en el Brasil”, apuntó. Luego señaló el vicecanciller Saguier Caballero que la justicia va a hacer lo que sea correcto, dando a entender que las conversaciones para revocar el refugio de Arrom y Martí está muy cerca.
Arrom y Martí están procesados por el secuestro de María Edith de Debernardi ocurrido en el año 2001 y cuando la mujer fue liberada se detuvo a la banda que perpetró el hecho.
Sin embargo, cuando se iba a ordenar la detención de estas dos personas, ambos huyeron al Brasil donde se presentaron como perseguidos políticos en el 2002 y dijeron que fueron víctimas de un secuestro y torturas por parte de efectivos de la Policía Nacional. Ahora sus abogados piden US$ 63 millones de indemnización.