Los responsables deben pagar, según Buzarquis
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Antonio Buzarquis (PLRA, efrainista), afirmó que una eventual condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Paraguay por el caso Juan Arrom y Anuncio Martí no debería recaer en contra del Estado sino en contra de las autoridades responsables.
Considera que si el Estado termina siendo condenado, las autoridades del gobierno deberían iniciar acciones legales contra los responsables a título personal, independientemente de si Paraguay continúa o no dentro de la organización de derechos humanos.
Sostiene que se debe analizar el actuar de las autoridades en su momento (enero de 2002, gobierno colorado de Luis González Macchi) porque hubo “secuestro de secuestradores para quedarse con el botín” (sic). Atribuyó este hecho a la intención de las propias autoridades que buscaban quedarse con dinero que fue pagado para el rescate de María Edith Bordón.
El diputado cuestionó el pedido de los abogados de Arrom y Martí que plantearon ante la CIDH que Paraguay les pague a ambos y sus familiares US$ 63 millones por el supuesto secuestro y tortura en el año 2002. “En Paraguay hay derechos humanos para los delincuentes y no hay derechos humanos para las víctimas”, lamentó.
Para el presidente de la Comisión Permanente una eventual condena a Paraguay por el caso Arrom y Martí sería nefasto ya que será como decirle a la ciudadanía: “Andá a secuestrar, andá a asaltar, total te van a proteger”. Indicó que si actualmente en Brasil hay un presidente como Jair Bolsonaro es porque la gente está harta de los discursos sobre derechos humanos.
“Que Paraguay sea condenado por este tema de secuestradores probados por la justicia nacional va a ser un despropósito”, dijo el diputado opositor.
La audiencia pública en la CIDH se inicia el miércoles 6 de febrero próximo en San José de Costa Rica.
Representantes del Estado pueden presentar sus alegatos hasta el viernes 8 de marzo.