Solicitan al Brasil anular refugio a Arrom y Martí
El canciller en ejercicio Bernardino Hugo Saguier oficializó ayer el pedido al Gobierno del Brasil de la revocatoria del estatus de refugiado de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, procesados por secuestro en nuestro país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un breve comunicado, informó que ayer de tarde el vicecanciller Saguier presentó al ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Ernesto Araújo, el pedido del gobierno paraguayo de la cancelación del refugio que el país vecino otorgó en el 2003 a Arrom, Martí y Colmán, procesados, y prófugos de la justicia paraguaya, por el secuestro en el 2001 de María Edith Bordón de Debernardi.
Saguier fue recibido por Araújo en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.
Según la Cancillería, la solicitud paraguaya se basa en que “la condición de refugiados no debió haberse dado a ninguno, debido a que Arrom, Martí y Colmán están acusados por delitos comunes” y que además “está comprobado el vínculo que tenían con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
Otro argumento es que en nuestro país “rige el Estado de Derecho”, por lo que los mencionados refugiados “disponen de todos los derechos y garantías que se reconocen a los habitantes de la República”, señala Relaciones Exteriores.
Saguier, quien reemplaza al canciller Luis Castiglioni –de permiso por razones personales hasta mañana–, anunció el miércoles último en Palacio de López que el pedido de la anulación del estatus de refugiado se iba a basar “en hechos nuevos”.
El gobierno del presidente Mario Abdo Benítez anunció en octubre pasado que una vez que asuma el presidente Jair Bolsonaro iba a pedir la derogación de la condición de refugiados de Arrom, Martí y Colmán, otorgada en diciembre del 2003 por el Comité Nacional de Refugiados del Brasil (Conare).
Arrom y Martí se habían fugado en el 2003 en el día en que iban a ser sometidos a juicio oral por el secuestro de Bordón de Debernardi, liberada luego de un pago de US$ 1 millón.
Los prófugos, por su parte, demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado paraguayo por presunta desaparición forzada y torturas y piden una indemnización de 63 millones de dólares. Este caso está actualmente en la Corte Interamericana de DD.HH.