Patria Libre inició la era del
El 16 de noviembre de 2001 cuando fue secuestrada María Edith Bordón de Debernardi, las autoridades poco sabían de este delito, pero lo que quedó en claro con el correr de los años es que Patria Libre fue el que instauró la industria del secuestro en el P
El ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre, uno de los que declararon ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), fue tajante al señalar a los prófugos de la justicia, Juan Arrom y Anuncio Martí, como los cabecillas de la banda que secuestró a María Edith Bordón de Debernardi el 16 de noviembre de 2001 y que ellos tenían contacto con las FARC.
Según Latorre (quien fue testigo del Estado paraguayo en la audiencia pública en San José, Costa Rica), esa guerrilla colombiana colaboró a instaurar en Paraguay una “industria del secuestro”, que ya dejó un tendal de civiles y uniformados muertos en el norte del país. También Latorre fue claro al señalar que cuando ocurrió el secuestro de María Edith, no se tenía mucho conocimiento sobre ese delito y que tuvieron que ir aprendiendo con el paso de los acontecimientos.
Ahí fue que los delincuentes les fueron sacando ventaja a las autoridades, ya que estaban siendo asesorados por los guerrilleros de las FARC que ya tenían mucha experiencia en privación ilegítima de libertad. Sin embargo, cuando se individualizó a los secuestradores se los llevó a juicio y fueron condenados la gran mayoría de ellos, pero Arrom, Martí y Víctor Colmán huyeron días antes del inicio del juzgamiento.
Los otros líderes de Patria Libre –Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba– actualmente siguen presos cumpliendo con sus condenas por este caso de secuestro y tienen otros procesos abiertos también por delitos similares.
Demanda
Estando prófugos de la justicia paraguaya y no habiendo agotado todas las instancias judiciales, Arrom y Martí plantearon la demanda contra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora llegó a la instancia final. Datos oficiales señalan que Arrom solicita US$ 20,5 millones y sus familiares piden US$ 14 millones (US$ 34,5 millones en total). En tanto, el otro prófugo de la justicia paraguaya, Anuncio Martí, reclama US$ 20,5 millones y sus familiares, US$ 8 millones (US$ 28,5 millones). En total la suma asciende a US$ 63 millones.
Sin embargo, Arrom señaló en la audiencia pública que su reclamo “simbólico” asciende a US$ 50 millones. Supuso que su compañero Martí también reclamaría el mismo monto, con lo cual totalizarían US$ 100 millones. El reclamo es porque supuestamente autoridades policiales los secuestraron y torturaron en el año 2002.
En sus declaraciones Juan Arrom y su hermana Cristina Arrom cayeron en varias contradicciones y los jueces de la Corte IDH les hicieron preguntas y repreguntas que dejaron en evidencia algunos puntos oscuros.
Sentencia
Tras las declaraciones testificales de las partes el pasado jueves 7 de febrero, se espera que los alegatos finales, pero por escrito, sean presentados el 8 de marzo a la Corte IDH. Luego los magistrados analizarán los argumentos y para noviembre o diciembre a más tardar se tendrá una sentencia definitiva sobre este caso.
El fiscal Édgar Sánchez, el otro testigo que declaró en Costa Rica por el Estado paraguayo, dijo que tuvo a su cargo la última parte de la investigación del presunto secuestro de Arrom y Martí, y apuntó que no encontraron elementos contundentes de que se produjo el hecho denunciado. Pero aclaró que pese a que se sobreseyó al funcionario de la fiscalía Javier Cazal y a los agentes policiales Antonio Gamarra y José Schémbori, el caso puede seguir ya que se trata de un secuestro que es un hecho de lesa humanidad que no prescribe, pero como no se presentaron hechos nuevos todo quedó parado.
Igual situación se da con los tres prófugos que tienen asilo en el Brasil. Si se les retira ese estatus a Arrom, Martí y Colmán, pueden ser traídos al Paraguay para afrontar el juicio oral que quedó suspendido cuando huyeron.
Al tratarse de un hecho que no prescribe, en cualquier
momento se puede retomar el proceso que quedó trunco con el escape de los tres acusados.
El actual gobierno del presidente Mario Abdo Benítez está en conversaciones con el gobierno del Brasil, para que se les revoque el estatus de asilados a los tres compatriotas. Se hace siempre la aclaración que estas personas eran perseguidas por un delito en el ámbito judicial y donde todos sus cómplices fueron condenados y no por un caso político, como ellos dan a entender.
Todas las pruebas del proceso por secuestro ya fueron enviadas a los nuevos representantes del gobierno del Brasil.