Otra oportunidad perdida
Sistemáticamente, venimos sosteniendo que, entre tantos temas de interés público que generan movilizaciones, la madre de las batallas ciudadanas debe ser la renovación de la Corte Suprema de Justicia.
El empecinamiento no es producto de alguna ocurrencia antojadiza o animadversión particular. Tiene que ver con un simple ejercicio de deducción de la realidad.
Solo basta buscar las razones de cada irregularidad, anormalidad institucional o injusticia, para encontrarnos siempre con la misma causa de fondo, la impunidad, o falta de castigo.
Y es conforme a nuestra división de poderes, que esa impunidad se engendra en el sistema de justicia de nuestro país, con la Corte Suprema como cabeza y los ministros como principales responsables de su administración.
Es en la Corte también donde esta semana hemos visto perdida una nueva oportunidad para que la máxima instancia sirva como orientadora de la sociedad.
El lunes pasado, los ministros Gladys Bareiro, Antonio Fretes y Miryam Peña, quienes integran la Sala Constitucional, resolvieron rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad que planteó un hombre que busca atajar un proceso de reproducción asistida del que participó cuando aún estaba en pareja con una mujer de la que luego se separó, quien ahora pretende continuar con la fecundación.
Los tres ministros de la Corte rechazaron la acción argumentando que no existen indicios de arbitrariedad en el proceso judicial, y que en el caso no existe aún un juzgamiento, por lo que no se puede admitir la acción.
Es decir, los ministros rechazaron el recurso por razones procesales formales, evitando cumplir un rol orientador sobre el tema en controversia.
De hecho se hace cada vez más frecuente que los ministros de Corte dejen de resolver temas conflictivos política y socialmente, evitando fijar posición sobre planteamientos de fondo.
Solo basta recordar la masiva inhibición de los ministros en el polémico juzgamiento sobre la masacre de Curuguaty.
Sobre este último caso de la fecundación asistida, el exministro de la Corte José Altamirano también coincide en que la Corte vuelve a desaprovechar la posibilidad de cumplir un rol orientador.
Altamirano, el único ministro que dejó el cargo a los 5 años de haber sido nombrado y sin plantear un recurso para quedarse hasta los 75 años como lo hicieron sus pares, cree que la Corte perdió la oportunidad de dar a la sociedad una orientación jurídica, biodeontológica, racional y científica.
Para ello, el exministro de Corte cree que la máxima instancia pudo apelar perfectamente a la figura del amicus curiae, figura surgida en el antiguo derecho romano, que permite ofrecer una opinión legal sobre un tema muy polémico o controvertido, sobre todo en casos en los que están en juego los derechos humanos fundamentales, como en este caso en el que se discute sobre el derecho a la vida.
Los ministros integrantes de la Sala Constitucional dejaron pasar entonces otra posibilidad de convertirse en referencias del sistema de justicia para discusiones jurídicas futuras y similares.
La razón de ser de un magistrado está en su capacidad de juzgar; ello requiere valentía para tomar decisiones, ya que siempre existirán dos partes enfrentadas, y honestidad intelectual, para responder exclusivamente a lo que su conciencia dicte como correcto.
Hacia allí debemos ir, recordando que en pocos meses otros dos ministros deben ser designados.
Necesitamos una Corte con ministros valientes y honestos intelectualmente.