EBY cree que no hacía falta una acción judicial
El jefe jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, cree que fue innecesario recurrir a la justicia para acceder a información sobre supuestos operadores políticos, cuyos nombres, cargos y salarios están en el sitio web de la entidad. Dijo que se trata de empleados de la era Cartes.
A raíz de un fallo del Tribunal de Apelaciones de Asunción, la margen paraguaya de la Entidad Binacional Yacyretá deberá entregar al ciudadano Marcos Ramón Martínez información sobre funcionarios de la institución, que no serían más que operadores políticos.
Al respecto, el jefe del Departamento Jurídico de la entidad, Juan Carlos Duarte, explicó que él había planteado que el pedido fuera hecho través de la Cancillería nacional, debido a que Yacyretá es una institución regida por un tratado y no por una ley nacional. “Sin embargo, lo que se pide: nombres, cargos y salarios (de los supuestos operadores políticos) está en la página web de la EBY, y nunca hubo problemas para acceder a toda esa información”, dijo.
Añadió que por esa razón, precisamente, la sentencia del tribunal salió “en el orden causado”, que quiere decir que las costas (gastos que requirió el proceso) debe ser abonado de manera proporcional entre las partes.
Al señalársele que los magistrados argumentaron que no hay razón para solicitar dicha información vía Cancillería nacional, debido a que se trata solo de la administración paraguaya, contestó: “Ellos (los jueces) no saben el contenido del Tratado, y si bien nosotros lo hemos adjuntado en el escrito, no habrán leído. El acuerdo binacional establece que cualquier información que se deba proporcionar, en cualquiera de los países, tiene que hacerse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”, sostuvo.
Emplazamiento
Con relación al emplazamiento de 30 días para cumplir con la sentencia jurisdiccional, el asesor jurídico de la entidad manifestó que “no hay problemas”. “Nosotros les vamos a dar, pero toda esa información ya está en la página de internet de la margen derecha de la entidad binacional”, insistió.
Los funcionarios “atacados” por ser supuestamente operadores políticos son: Cristhian Darío Troche Narváez, Mirtha Concepción Galeano Aquino, Carlos Rubén Parodi Molinas, Goani Javier López Estigarribia, Liza Concepción Acosta Ávalos, Aníbal Salvador Rivas Ovelar y Pablo Daniel Peña.
Operadores políticos
Consultado sobre la acusación de que estos funcionarios están en la entidad por el simple hecho de que son operadores políticos de una facción del Partido Colorado, Duarte contestó: “Nosotros nos circunscribimos estrictamente a lo jurídico; que sean operadores políticos, no lo sabemos. Además, son funcionarios que ingresaron hace mucho tiempo, y ya estaban en la entidad durante el gobierno de Horacio Cartes; no entraron ahora”.