No tergiversamos sus palabras, doctor Bacchetta
Tras haber intervenido ladinamente en la causa abierta al diputado Ulises Quintana (ANR), cuya pronta libertad desea porque estaría soportando una “injusticia”, el impresentable senador Enrique Bacchetta (ANR), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tuvo el descaro de expresar cuanto sigue: “En ningún momento quise presionar a nadie (...) Disculpas a los agentes fiscales, a la fiscala general del Estado, si entendieron mal y se tergiversó lo que yo quise manifestar”.
Vaya por delante que si el elocuente mensaje transmitido vía Twitter a su “querido amigo” fue malinterpretado y tergiversado, quienes deberían disculparse por su torpeza y su malicia son los miembros del Ministerio Público, así como los de ocho gremios de abogados, la prensa y la ciudadanía en general. Es decir, aparte de aprovecharse del cargo para influir en las actuaciones fiscales y judiciales, el desvergonzado legislador toma por idiotas y perversos a quienes reaccionaron indignados ante su notoria desfachatez. ¡No, doctor Bacchetta! En nuestro caso, estamos seguros de interpretar correctamente sus palabras, sin tergiversaciones ni errores de transcripción, pues el mensaje de apoyo a su amigo –y de implícita amenaza a fiscales y jueces– lo escribió usted mismo en su cuenta de Twitter.
Vale la pena releer dichas palabras: “...ESPERO QUE PRONTO PUEDAS RECUPERAR TU LIBERTAD, deseo que tengas fuerza y fe, para poder enfrentar la
INJUSTICIA que estás viviendo” (las mayúsculas son nuestras). No las escribió una persona cualquiera, sino alguien que preside el órgano que puede destituir a los magistrados y a los agentes fiscales. Elías Fox, apoderado del movimiento político del diputado preso, también dijo que “Quintana es inocente”, pero no se le puede cuestionar absolutamente nada pues no está incurso en ninguna restricción legal, como claramente lo está el
senador Bacchetta. Y si este es incapaz de notar las diferencias, no debe estar dirigiendo el JEM, del que ahora debe apartarse sin remedio tras su tremenda e indefendible pifia.
Bacchetta abusó del cargo para coaccionar a aquellos que intervienen o intervendrán en un juicio penal, lo que induce a recordar los arts. 120 y 121 del Código Penal. El primero castiga con hasta dos años de prisión o con multa al que “mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera”. El segundo prevé una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una carcelaria de hasta tres años si la coacción se realiza “abusando considerablemente de una función pública”, lo que a todas luces parece haber ocurrido. Es comprensible que la agente fiscal Lorena Ledesma, encargada del caso Quintana, haya dicho que se sentía “amenazada”. No podría ser de otra manera, conociendo cómo se manejan y se cocinan los casos judiciales en los que se ven involucrados políticos o funcionarios de alto rango.
Siendo así, el afectado Ministerio Público debería analizar si el legislador cometió el hecho punible antes
referido. Por su parte, la Cámara de Senadores debería estudiar si su indigno miembro incurrió en “uso indebido
de influencias”, motivo por el cual el anterior expresidente del JEM Óscar González Daher perdió su investidura de senador.
Bacchetta incurrió también en la desfachatez de afirmar lo siguiente: “La gente puede quedar tranquila, porque eso (presionar a un agente fiscal) jamás va a ver de mi persona”. Conviene refrescarle la memoria. El 14 de noviembre de 2013, al votar en contra del desafuero de su colega Víctor Bogado (ANR), sostuvo que los cuatro agentes fiscales que lo imputaron debían ser sometidos al
JEM, por “mal desempeño de sus funciones” y por haber actuado supuestamente “solo para darle el gusto a la prensa”. Senador Bacchetta: ¿no estuvo usted, así, condenando a agentes fiscales que actuaron en el marco de su deber? ¿Hubiera reaccionado usted con el mismo celo si el encausado era un ladrón de bicicleta y no su amigo, el senador Bogado?
En la misma ocasión, el actual titular del JEM criticó al agente fiscal adjunto Carlos Arregui por ampararse siempre, según dijo, en el “Maradona” de la Unidad Especial de Delitos Económicos, René Fernández, uno de los que imputaron a Bogado. El 4 de marzo de 2014, el censurado tuvo que abandonar la citada Unidad, por orden del entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz
Verón. Así es como actúa la cadena de poder. Poco después, negó haber amenazado a nadie, tal como lo está haciendo de nuevo ahora, con toda desfachatez: “No estaba en mi ánimo presionar (...) Mi conducta habla de otra cosa, tengo una conducta procesal demostrable”.
Lo que está demostrado es que la gente no puede quedarse tranquila, sino más bien inquietarse ante una conducta prepotente, que vulnera el art. 248 de la Constitución –“De la independencia del Poder Judicial”–, y está sancionada tanto por los arts. 120 y 121 del Código Penal, como por el 4º de la Ley Nº 3579/13, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados.
Aparte de negar haber presionado, este nefasto personaje también negó su amistad con el diputado Quintana, tras haber iniciado el mensaje en cuestión con las palabras: “Fuerza querido Ulises, el cariño, afecto y confianza te lo ganaste caminando y trabajando duro...”.
Solo cabe preguntarse qué le hubiera dicho si en verdad fuera su amigo.
Como corresponde, gremios de abogados exigen su renuncia por haber ejercido una “abierta presión en el sistema judicial y fiscal”, esperando a la vez que el Senado lo interpele por haber deshonrado la investidura y “puesto en peligro la frágil institucionalidad de un órgano constitucional”. Pero el senador Bacchetta debiera ahorrar estos trámites y presentar sin más demora su renuncia por su notorio despropósito. Si así no lo hiciera, los ciudadanos y las ciudadanas que vienen demostrando una admirable actitud patriótica en busca de un país mejor deberían preparar sus escraches para expresarle su repudio y que es una persona no grata por su repugnante actuación.