Intendente “blanqueado” pide intervención de su JM
La Comisión Permanente del Congreso recibió el pedido del intendente de Mbocayaty del Yhaguy, Jacinto González (PLRA, llanista), de que se intervenga la Junta Municipal (JM) del distrito. El año pasado lo salvaron los diputados.
El intendente de dicha ciudad cordillerana, en noviembre del año pasado había solicitado la intervención de la Junta Municipal al Ministerio del Interior, en momentos en que un similar pedido que fuera presentado por el cuerpo colegiado estaba siendo analizado en una comisión especial de la Cámara de Diputados, que presidía el diputado Édgar Ortiz, de su mismo equipo político.
Finalmente, mediante un pacto entre diputados colorados y liberales, la administración de la Intendencia de Mbocayaty fue salvada de una intervención, a pesar de las causales sobre supuestos hechos de corrupción que pesaban contra González.
El jefe municipal alega “acefalía” para pedir la intervención de la Junta. Menciona que desde abril del 2016 el cuerpo colegiado ha dejado de funcionar normalmente por falta de armonía entre sus miembros. Se ampara en el artículo 165 de la Constitución Nacional, que establece como una de las causales la desintegración de la Junta Municipal.
Una larga disputa de poder existe entre el intendente y los concejales en el distrito de Mbocayaty del Yhaguy, departamento de Cordillera. El jefe comunal argumenta en su pedido que el entonces presidente de la Junta Municipal, Francisco Guillén, cambió los días de sesiones para que dos concejales que son docentes no puedan participar de las reuniones.
Tras cuatro ausencias injustificadas de los concejales llanistas Bernardo Rojas y Norma Cáceres de Ruiz, Guillén decidió destituirlos y designar a los suplentes Luis Jara y Gladys Ruiz Díaz.
Tiempo después, el Tribunal Electoral conformado por los magistrados Alejandro Herrera, Gilberto Aníbal Meza y Gladys Lahaye resolvió reincorporar a los concejales.
La acción no fue acatada por Guillén y por los concejales María Celina Ortega (ANR), Luis Jara Martínez (PLRA) y Gladys Ruiz Díaz de Benítez (PLRA) y por esta razón terminaron imputados por desacato.
Causales
Sin embargo, los ediles habían pedido la intervención de la Intendencia con el argumento de que González no aceptaba ninguna ordenanza, resolución o nota de la Junta Municipal.
Señalan que la ejecución de los royalties del Fonacide del 2014 resultó desastrosa, según una auditoría de Contraloría, entre otros puntos.