El lavado de dinero pone en jaque al Paraguay.

La jefa de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, acertó al señalar el daño que causaría al país la candidatura del diputado Ulises Quintana en los comicios que la ANR realizará el 24 de marzo para elegir a su candidato a intendente municipal de Ciudad del Este. En efecto, el Paraguay será evaluado a mediados de este año por la rama latinoamericana del GAFI, un ente intergubernamental que fija estándares y promueve la implementación de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otras amenazas a la integridad del sistema financiero mundial. Es de esperar que los evaluadores del GAFI no se encuentren con Ulises Quintana como intendente, con un presidente del JEM Enrique Bacchetta, que da su veredicto antes de que concluya el proceso judicial, o con un Darío Messer, considerado uno de los principales lavadores de activos en el Brasil oculto presumiblemente en nuestro país, donde tiene un expresidente “hermano del alma”.

La jefa de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, acertó al señalar el daño que causaría al país la candidatura del diputado Ulises Quintana en los comicios que la ANR realizará el 24 de marzo para elegir a su candidato a intendente municipal de Ciudad del Este. En efecto, el Paraguay será evaluado a mediados de este año por la rama latinoamericana del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ,un ente intergubernamental que fija estándares y promueve la implementación de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otras amenazas a la integridad del sistema financiero mundial.

Los inspectores ya habrán tomado nota de la pretensión de quien está procesado como presunto autor de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación criminal, tráfico de influencias y cómplice en el de narcotráfico.

También sabrán que guarda prisión preventiva porque, según el juez de la causa, hay suficientes elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible grave, así como para sostener razonablemente que el diputado es autor o partícipe del mismo y creer que puede fugarse u obstruir un acto concreto de investigación.

Entre los datos que ya estarán recogiendo los visitantes ha de figurar, además, que el recluso pertenece al partido oficialista,

que integró hasta hace pocos días el movimiento interno liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y que el senador Enrique Bacchetta (ANR), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), le deseó públicamente su pronta libertad, aparte de fuerza y fe para enfrentar la “injusticia” que estaría sufriendo. Si a priori Bacchetta cree que está detenido injustamente, quiere decir que lo considera un inocente. Un ominoso mensaje lanzado desde su alto cargo para los fiscales y jueces que investigan el caso del político.

Para que el perjuicio ya causado por semejante postulación no sea aún mayor, solo cabe esperar que el recluso sea derrotado en los comicios internos. Salvo que la prisión preventiva sea revocada para entonces, al menos no podría contar con su propio voto, pues el art. 91 del Código Electoral impide que sean electores los detenidos o privados de su libertad por orden de juez competente.

Asusta imaginar el resultado de la evaluación del GAFI si el legislador se saliera con la suya, desde una prisión militar. El 16 de enero, cuando la precandidatura de Quintana aún no había sido confirmada, el ministro de Hacienda, Benigno López, dijo que confiaba en que el GAFI no califique de “riesgoso” a nuestro país, sobre todo porque están en estudio doce proyectos de ley que regulan la actividad financiera. La preocupación del secretario de Estado es razonable, porque, aunque se tuvieran leyes suficientes y un organismo eficiente, mientras existan “políticos” de esta ralea la impresión que se tenga del Paraguay en el ámbito internacional seguirá siendo pésima, es decir, no atraerá buenas inversiones, sino solo dinero sucio.

Pero estas perspectivas negativas no preocupan en el ámbito político, pues las voces de apoyo al diputado Quintana han sido más que las de repudio entre autoridades y legisladores. Así también ocurrió cuando el exdiputado Bernardo Villalba (ANR) llegó a integrar nada menos que una Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia, pese a que una comisión senatorial lo vinculó con el narcotráfico, y a que audios difundidos revelaron que pidió descaradamente apoyo monetario para su campaña electoral a un conocido narcotraficante preso.

Puede recordarse también que estando procesado por dos delitos de lesión de confianza, el hoy “parlasuriano” Enzo Cardozo (PLRA) integró el Consejo de la Magistratura, que elabora las ternas de candidatos a juez y a agente fiscal. El exsenador y extitular del JEM Óscar González Daher (ANR)

está en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expresidente Horacio Cartes (ANR) trató de “hermano del alma” a Darío Messer, un prófugo de las Justicias brasileña y paraguaya acusado de lavado de dinero, y ofreció este servicio delictivo a Nicanor Duarte Frutos, según declaró últimamente el también exjefe de Estado.

Son numerosos, entonces, los hechos que revelan que en las altas esferas estatales coquetean con delincuentes que chapotean en el submundo del lavado de dinero. El inusitado interés demostrado por políticos de alto rango por la suerte del diputado Quintana, quien hasta su presunto involucramiento en el caso Javier “Cucho” Cabaña era un desconocido a nivel país, mueve a pensar que el mismo prestaba, de alguna forma, señalados servicios a otros políticos en cartelera. Suele decirse que las campañas electorales constituyen un excelente medio para lavar el dinero sucio.

Ya en 2016, todavía bajo el Gobierno de Horacio Cartes ,se llevó a cabo una autoevaluación con base en las recomendaciones del GAFI, cuyo resultado no fue el mejor. Y conste que en ese momento todavía no tenía tanta difusión la estrecha relación entre Cartes y su “hermano del alma”, o la precandidatura del diputado Quintana, o el apoyo del titular del JEM, Enrique Bacchetta, al mencionado sospechoso legislador preso.

Es entendible perfectamente, así, la gran preocupación de la titular de Seprelad por la calificación que podría tener el Paraguay en la próxima evaluación del GAFI, pues volvería a la “lista gris” de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero, lo que impactaría en la calificación del riesgo país y afectaría el avance al grado de inversión para la atracción de capitales.

Por su parte, la ciudadanía espera que quienes tienen algún poder de decisión ya no apoyen ni protejan a los sinvergüenzas, sino, por el contrario, pongan un “cordón sanitario” en torno a quienes prostituyen las instituciones y enlodan el nombre del Paraguay en el mundo.

Ante la grave coyuntura, es de esperar que los evaluadores del GAFI no se encuentren con que hay un intendente municipal llamado Ulises Quintana, que tiene graves acusaciones en su contra; con que sigue en el cargo un presidente del JEM que responde al nombre de Enrique Bacchetta, que da su veredicto antes de que concluya el proceso judicial, o con que un Darío Messer, considerado uno de los principales lavadores de activos en el Brasil, sigue prófugo, presumiblemente oculto en nuestro país, donde tiene un expresidente que es su “hermano del alma”.