Prebendarismo vs. seguridad nacional
Pende sobre nuestras cabezas la amenaza del 2023, año en el que tendremos la oportunidad, tal vez la última, de recuperar nuestra soberanía sobre el 50% de la energía que genera Itaipú Binacional. Esto entrará en coalición con los intereses de Brasil, un imperio que pretenderá seguir aplastándonos con la connivencia de autoridades nuestras, corrompibles, poco patriotas.
En el 2023 se cumplen 50 años de la firma del tratado de Itaipú –en 1973– y del Anexo C del acuerdo, que establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad.
También se salda la deuda que la entidad binacional contrajo con la brasileña Eletrobras para la construcción de la represa; si bien Eletrobras no aportó el dinero para la construcción de la hidroeléctrica, tal como lo establece el Tratado, sino que otorgó préstamos a la entidad, inclusive en ocasiones con intereses cuasi usurarios.
Por estas razones podría abaratarse, o no, el costo de la energía eléctrica, pero también estará en juego la soberanía paraguaya sobre el 50% de lo que produce la Binacional. El Tratado establece que, de hecho, la mitad de la producción de la hidroeléctrica es paraguaya, pero como nuestro país ahora mismo no tiene condiciones, en infraestructura y nivel de demanda, se estableció que Brasil, además de su 50%, pueda usar, a un precio irrisorio, todo lo que no usa Paraguay. Además decidieron que el único comprador de esa energía sea Brasil.
Paraguay sacrificó invaluables recursos naturales, como los Saltos del Guairá, cientos de hectáreas de montes inundados, animales en peligro de extinción evacuados, comunidades indígenas que quedaron a la deriva, sin territorio... Sin embargo, gracias a un tratado mal negociado en su momento, Paraguay llevó las de perder, porque no puede ofertar su energía libremente, recibe por ella un precio mucho menor al establecido en el mercado, entre otras cosas.
La posibilidad de renegociar estas condiciones y recuperar nuestra soberanía energética, se presenta en el 2023. A la vista salta que no habrán cambios significativos sin la presión ciudadana, interesada en una energía de mayor calidad y en la recuperación plena de la energía que le pertenece en Itaipú para desarrollar su economía y vender su excedente, inclusive al Brasil, pero a precios de mercado. El gobierno nacional no avanza nada. Una Mesa Energética formada en el 2016 sigue debatiendo cuáles serán las necesidades energéticas paraguayas en el 2050. No solo no se conformó el equipo negociador del Tratado, sino que ni siquiera terminamos de proyectarnos como país. Brasil ya tiene un cronograma de trabajo con miras a la negociación.
Basta mirar quiénes están al frente de Itaipú para ver cuál es la importancia que la renegociación tiene para ambos países. Un cuestionado José Alberto Alderete, sospechado de lavado de dinero como base de su fortuna y cuyo mérito para el puesto es haber sido jefe de campaña del presidente Mario Abdo Benítez, se contrapone al nombramiento del general Joaquim Silva e Luna, exministro de Defensa, como director general brasileño, acompañado del vicealmirante Anatalicio Risden Junior como director financiero. O sea, para el gobierno paraguayo, Itaipú Binacional tiene un interés político partidario y prebendario, mientras para Brasil es una cuestión estratégica y de seguridad nacional.