Sinvergüenzas
Los concejales municipales sanlorenzanos, de los diversos partidos políticos, deberían hacer, por lo menos, un mea culpa, porque son tan responsables como el exintendente Albino Ferrer (colorado cartista) del estado de abandono de San Lorenzo, una de las ciudades más importantes del Paraguay. Lejos de ese gesto, en la última sesión ordinaria del miércoles 27 de febrero, se pasaron denostando en contra de los jóvenes ciudadanos que cuestionan la pésima gestión de los ediles.
Se mostraron indignados, apenados, hasta hubo llantos y se expresaron solidaridad mutuamente, en especial con la concejala Dorotea Villarreal (PLRA), una de las ediles serviles a Ferrer. Resulta que la mujer salió de manera intempestiva con su vehículo tras culminar la sesión extraordinaria en la que aceptaron la renuncia de Albino Ferrer y por poco arrolló a los manifestantes, que reaccionaron.
Ocurrió cuando un grupo de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, bloqueaban las salidas de la Municipalidad, molestos porque los legisladores aceptaron la renuncia de Ferrer en vez de aprobar la intervención de la administración comunal.
Con ese proceder, los ediles abren el camino para un eventual blanqueo a Ferrer. Además, fue una maniobra para evitar quedarse sin el control de la administración comunal, ya que pretenden continuar con los privilegios durante la gestión del nuevo intendente, Alcibiades Quiñónez (ANR), tal como hicieron con Ferrer. Quieren continuar sordos, ciegos y mudos ante tantas denuncias sobre su administración.
Sin embargo, el grupo Che Kuerái, con el bloqueo de los accesos y la negativa de dejar salir a los ediles, forzó a que por lo menos el nuevo jefe comunal se comprometiera a retirar la acción judicial que impedía a la Contraloría General de la República (CGR) auditar la comuna.
Todos los concejales, excepto Nery Quiñónez, que es nuevo en el cargo y fue el único que impulsó en serio la intervención, deberían renunciar si les queda un poco de dignidad. No representan al pueblo que les votó y que les paga casi G. 25 millones por mes para controlar la administración municipal, como dispone la Ley Orgánica Municipal.