Enjuician a extitular de la Junta de San Lorenzo
SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Hoy se inicia el juicio oral y público al concejal de San Lorenzo Carlos Ferreira Ramírez (ANR, cartista), extitular de la Cooperativa 17 de Mayo y consejero del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). El fiscal Fabián Centurión lo había acusado por asociación criminal, producción de documento no auténtico y producción de documento público de contenido falso.
De acuerdo a la investigación fiscal, Ferreira participó en la “apertura” de 11 cooperativas fantasma, entre ellas: Centu Ltda., Esperanza Porã Ltda., Vanguardia Ltda., Andariega Ltda., Mamá Flora Ltda., Choferes Ltda. y 13 Tuyutí Ltda. La intención era aumentar el caudal de votos para ser electo presidente.
La jueza Lici Sánchez había ordenado, en diciembre de 2017, la detención del concejal tras declararlo rebelde. Además, en octubre de 2018 fue denunciado por violencia doméstica por su pareja, Alma Belén Giménez Ortiz, de 21 años. Pese a los antecedentes, fue electo titular de la Junta.
Ferreira fue convocado para asistir a las 08:00 al Juzgado Penal de Sentencia Nº 24 (5° piso torre Norte Poder Judicial, Asunción).
***** Llamativamente, la cantidad de autos de los funcionarios de Diputados se triplicó en estos días, y el estacionamiento ya no da abasto.
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El diputado preso Ulises Quintana (ANR, Añetete), curiosamente, renunció a su precandidatura a la intendencia de Ciudad del Este. Obviamente que no iba a poder hacer campaña desde la cárcel. Pero algo se traía entre manos y luego se truncó por el camino.
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Ulises parece que recibió la promesa de quedarse en libertad; por ese motivo lanzó su candidatura.
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La Fiscalía acusó ayer al secretario de González Daher, el verborrágico Raúl Fernández Lippmann, por enriquecimiento ilícito. Vamos a ver qué dice ahora la justicia, porque este muchacho guarda arresto domiciliario, mientras el resto está preso. Incluido su exjefe.
***** ¡Simpáticos son los prófugos de la justicia Juan Arrom, Anuncio Martí, sus familiares y abogados! Elevaron a US$ 123 millones la cifra “simbólica” que le quieren cobrar al pueblo paraguayo.
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Y pensar que los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica le cuestionaron la astronómica suma. Antes que bajar sus groseras pretensiones económicas, lo subieron.
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Ahora la empresa que iba a construir gua’u el metrobús le quiere demandar al Estado paraguayo. ¿Será que el Poder Ejecutivo no encuentra también algún motivo para meterle una feroz querella a esta gente por el perjuicio realizado?