MOPC “se lava las manos” y tira a la CGR la carga de metrobús
El MOPC sigue sin denunciar a uno de los sindicados como responsables del fallido metrobús, el exministro Ramón Jiménez Gaona. En lugar de eso, pasa la responsabilidad a la CGR.
Tras la salida del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, en agosto de 2018, se destapó oficialmente la crisis del citado proyecto. En diciembre pasado la firma Mota Engil, encargada de la obra, se retiraba con US$ 21 millones (de los US$ 71 que iba a cobrar), dejando una obra inconclusa (800 m de 11 km que corresponden solo al tramo 3), caos vial y más de 300 comercios cerrados en la zona de la ruta Mcal. Estigarribia.
La administración actual del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Arnoldo Wiens, cumplió con las promesas de habilitar de nuevo la Ruta Mariscal Estigarribia y de pagar subsidios a los afectados por el fallido metrobús. Pero hasta el momento no ha presentado ninguna acción legal contra los responsables de que se haya llegado a tal situación.
“El ministro pidió a la Contraloría General de la República (CGR), en octubre del año pasado, que profundice el análisis de la ejecución del proyecto. La Contraloría designó un equipo y está trabajando en este momento”, manifestó ayer Óscar Stark, gerente del proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús, ante la consulta de si se va a denunciar a Jiménez Gaona.
Por otro lado, también están pendientes de resolución los cuestionamientos legales a la empresa Mota Engil, por el incumplimiento de varios puntos del contrato, además de no haber terminado la obra luego de dos años de haberla iniciado.
La empresa también presentó sus exigencias al MOPC, las cuales están en terreno de discusión jurídica, pues esta pretende incluso que se le pague más.
Sobre este punto conversamos ayer con el representante legal de Mota Engil, João Figueiredo, quien confirmó que siguen firmes con dichas exigencias. “Nuestros pedidos y reclamos son los mismos avanzados a la fecha del 13 de agosto”, señaló Figueiredo. En este caso, se refiere a la deuda que supuestamente el MOPC acumula por certificados de pagos provisionales sin satisfacer, que ascienden a US$ 45.857,83 y G. 183.124.553.
Consultado acerca de si la firma pretende tomar medidas legales contra la cartera por temas de dinero, el representante de Mota dijo que, tal como dijo el MOPC recientemente a ABC, la firma pretende alcanzar un “acuerdo amigable”.
Indagación de la CGR
Sobre los avances en la investigación de la Contraloría General de la República (CGR) con respecto al caso metrobús, desde la institución manifestaron que lo que existe en este momento es una auditoría de cumplimiento de todo el proyecto durante los últimos cinco años, en el marco del “Plan General de Auditorías 2019” que está en curso. “En esta revisión se pidieron documentos de todo el proceso y se verificará todo más puntillosamente”, indicaron desde Contraloría.
Un avance de informe de la segunda auditoría realizada por la CGR, presentado en noviembre pasado, recalcaba los perjuicios económicos, sociales y de infraestructura que el proyecto metrobús ocasionó al Estado. Los puntos que menciona el informe hablan más bien de la parte contractual, así como de incumplimiento del plazo y aumento del precio de la obra (tuvo un reajuste del 34,4%).