¿Quién vigila a los vigilantes?

Rolando Niella

La Fiscalía investiga al contralor por sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Contraloría pretende intervenir a la Fiscalía por sospechas de malversación. Nada menos que los dos responsables de las instituciones claves en la vigilancia y persecución del delito están bajo sospecha de actividades delictivas graves.

Cabe preguntarse, con el poeta latino Juvenal: ¿quién vigila a los vigilantes? (“Quis custodiet ipsos custodes?”); porque no se trata de una pendencia cualquiera entre rivales, sino de denuncias y acusaciones que ponen en duda la confiabilidad de todo el sistema de control de delitos en el país… Por expresarlo con la tradicional ironía popular: “¿Son zorros quienes están vigilando el gallinero?”.

Por desgracia, mayoritariamente, los paraguayos creemos a la fiscala general, Sandra Quiñónez, sobre el contralor de la República; pero también creemos al contralor, José Enrique García, sobre la fiscala general y, peor aún, los más malpensados de entre nosotros sospechamos que ambos pueden estar utilizando su cargo, más bien para evitar ser investigados que para investigar, haciendo uso indebido de su autoridad, utilizando sus atribuciones como garrotes.

Esta semana la Cámara de Diputados “despertó” y amplió el juicio político contra el contralor que dormía desde hace tiempo, junto a otros varios contra distintas autoridades, incluyendo integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo tarde es igual que nunca, cuando el daño ya está hecho.

Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es cómo se ha llegado a este desastroso enredo de acusaciones y contraacusaciones que no implican solo a las personas involucradas directamente, sino que genera una crisis institucional de proporciones incalculables, poniendo en entredicho todos los operativos que llevan adelante la Fiscalía y la Contraloría.

Recuerdo bien que tanto la designación de Quiñónez como la de García fueron muy seriamente cuestionadas y, en mi opinión, en ambos casos había muy buenas razones para no otorgarles cargos de tanta responsabilidad… Aun si fueran ambos perfectamente idóneos y honestos, no se debe poner al frente de instituciones como la Fiscalía y la Contraloría, que exigen mucha credibilidad, a personas que generan tantas suspicacias.

A esta situación, por cierto, habría que sumar el hecho de que ya haya un fiscal general en la cárcel, también el total descrédito en el que se debate la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, las continuas informaciones que dan cuenta de personal policial implicado en delitos, que van desde gatillos fáciles o desaparición de bienes incautados a delincuentes, hasta policías en activo haciendo de guardaespaldas de capos mafiosos de toda laya.

Es el momento de preguntarse ya no solo quién vigila a nuestros vigilantes, sino también gracias a quién y cómo han llegado a convertirse en vigilantes tantas personas que, en demasiados casos, deberían estar entre los vigilados y no pocas veces, más que vigilados, puestos a buen recaudo como delincuentes, en lugar de ocupar espacios tan importantes de autoridad.

Menos los policías, el factor común a todos estos cargos es que la designación se define en el Congreso Nacional. Los cuoteos y los tira y afloja de negociaciones sectoriales, por tanto, es evidente que pesan más que la idoneidad o que la probidad, a la hora de determinar quién puede y quién no acceder a un cargo.

En todos los países el mundo la política influye en la designación de los cargos importantes, pero solo en países como el nuestro, donde los políticos no parecen entender el significado de la palabra “institucionalidad”, el cuoteo es no solo el primero sino, al parecer, el único criterio con el que se designan autoridades de vital importancia, sin dar ningún valor a la idoneidad o a la honestidad, con tal de que el elegido sea “de los nuestros” y al final nadie vigila a unos vigilantes que, por otra parte, no parecen nada interesados en cumplir su función de vigilar a los delincuentes y proteger a las víctimas.